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JURISPRUDENCIAMigraciones. Expulsión y prohibición de reingreso con carácter permanente. Antecedentes penales
Se mantiene el rechazo del recurso deducido, pues el acto que desestimó el pedido de residencia y declaró irregular la permanencia del actor en el territorio nacional, con la consecuente orden de expulsión y prohibición de reingreso con carácter permanente, se basó en la existencia de un antecedente penal (condena por delito a seis años y seis meses de prisión), conforme lo previsto en el art. 29, inc. c), de la ley 25871.
En Buenos Aires, a 19 de octubre de 2017, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de resolver el recurso interpuesto en los autos «Aguirre Bravo, Jimmy Alexander c/ EN-DNM-Resol. 195272/09 (Resol 571/11 Mº Int) (expte. 2070/06) y otro s/ recurso directo para juzgados», contra la sentencia de fs. 260/265, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo:
1º) Que, Jimmy Alexander Aguirre Bravo, de nacionalidad colombiana, dedujo el recurso que prevé el art. 84 de la ley 25.871, a fin de que se deje sin efecto la resolución 571/11, por la que el Ministro del Interior confirmó las disposiciones 195272/09 y 449/10, dictadas por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) por las que rechazó su pedido de regularización migratoria en el país (fs. 1/7).
Por disposición 195272/09 (v. copia obrante a fs. 54/56) y por considerar que la situación del actor estaba comprendida en el art. 29, inc. c, de la ley 25.871, la DNM denegó su solicitud de residencia en el país (art. 1º), canceló su residencia precaria (art. 2º), declaró irregular su permanencia (art. 3º) y ordenó su expulsión del territorio nacional con prohibición de reingreso con carácter permanente (art. 4º).
El Director Nacional de Migraciones desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra aquel acto y tampoco admitió la dispensa que contempla el citado art. 29 (disposición 449/10, de fs. 109/11) y, finalmente, por resolución 571/11, el Ministro del Interior rechazó el recurso de alzada (fs. 155/157).
2º) Que, por sentencia de fs. 260/265, el señor juez de primera instancia desestimó las pretensiones del actor, con costas.
Para resolver de ese modo, tras relatar las constancias de las actuaciones administrativas y del marco normativo aplicable a la litis (fs. 261vta./263vta.), señaló que mal podría el actor considerar nulo el acto que dispuso su expulsión, porque la DNM tuvo en cuenta que aquél había sido condenado como autor penalmente responsable con una pena de seis años y seis meses de prisión, y por ello fue su propio accionar el que lo colocó en uno de los impedimentos que establece la ley para permanecer en el país (fs. 263vta.).
En ese contexto, toda vez que está acreditado que el extranjero estaba incurso en la causal impedimente del art. 29, inc. c, de la ley 25.871, el acto administrativo resulta ajustado a derecho, cumple todos los requisitos esenciales que prevé la ley 19.549 y también cumplimenta con las previsiones del art. 13 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional).
En cuanto a la excepción que contempla el art. 29 de la Ley de Migraciones, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Cámara, señaló quePara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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