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DECRETO 2284
DECRETO 2284
Desregulación económica.
Fecha: 31 octubre 1991
Publicación B.0. 1/11/91.
Visto: Las leyes 23.696, 23.697 y 23.928 y el dec. 2476 del 26 de noviembre de 1990, y
Considerando: Que es forzoso continuar el ejercicio del poder de policía para afianzar y profundizar la libertad económica y la reforma del Estado con el objeto de consolidar la estabilidad económica, evitar distorsiones en el sistema de precios relativos y mejorar la asignación de recursos en la economía nacional, a fin de asegurar una más justa y equitativa distribución del ingreso.
Que la ley 23.696 de reforma del Estado ha declarado el estado de emergencia de todo el sector público, autorizando al Poder Ejecutivo nacional, a tomar decisiones tendientes a que cese tal estado.
Que dicha norma debe ser aplicada teniendo en cuenta que la ley 23.697 ponía en ejercicio el poder de policía de emergencia del Estado, con el fin de superar la situación creada por las graves circunstancias económicas y sociales, que la Nación no ha superado aún totalmente.
Que en tal sentido se torna imperioso instrumentar medidas y dejar sin efecto otras existencias, con el objeto de facilitar el comercio interno y externo, propendiendo a la desregulación de distintos mercados y a la simplificación del sistema tributario, que por su complejidad afecta directamente a los consumidores, a importantes sectores productivos y a los exportadores.
Que la persistencia de restricciones que limitan la competencia en los mercados o que traban el desarrollo del comercio exterior contribuyen a distorsionar artificialmente los precios relativos entre el conjunto de bienes y servicios comercializados exclusivamente en el mercado interno y los bienes comercializados en mercados externos, y que tales distorsiones afectan la competitividad externa de la economía nacional, poniendo en grave riesgo los logros alcanzados por el Gobierno nacional en materia de estabilidad y crecimiento,
Que las medidas adoptadas por el presente permitirán profundizar el proceso de apertura económica y reactivación de la economía, contribuyendo decisivamente a la superación del estado de emergencia.
Que en tal sentido el Gobierno nacional busca, a través de las medidas adoptadas por el presente decreto, atenuar los efectos de la situación de emergencia sobre las categorías sociales más desfavorecidas, profundizando la libertad de mercados con el objeto de afianzar la estabilización de los precios y provocar la disminución de aquellos artificialmente elevados por efecto de regulaciones o monopolios legales que provocan falta de competencia y de transparencia en muchos mercados.
Que la crisis económica de los años 30, dio lugar al establecimiento de un sin número de restricciones al ejercicio de los derechos constitucionales de comerciar, trabajar y ejercer industria licita.
Que muchas de las regulaciones establecidas a partir de entonces hicieron necesaria una organización administrativa específica, juntas, entes reguladores y organismos descentralizados por doquier.
Que el estancamiento de la economía argentina, por un lado, y el alto grado de endeudamiento, por el otro, enmarcan la grave emergencia económica de los años ,ochenta, que afortunadamente la Nación está superando.
Que resulta imprescindible advertir que la estabilidad y crecimiento que se hicieron más perceptibles a partir de la sanción de la ley 23.928, imponen con urgencia la necesidad de eliminar mediante una norma de sanción única y aplicación simultánea, las regulaciones que hoy pierden virtualidad económica e impiden una fluida circulación de bienes y servicios.
Que muchas de las regulaciones hoy vigentes fueron sancionadas mediante decretos-leyes, emitidos durante los períodos en que la República tuvo gobiernos de facto, y en todos los casos se trata de restricciones más o menos rigurosas al ejercicio por parte de los habitantes de la Nación de sus libertades económicas.
Que los logros obtenidos en el campo económico deben consolidarse mediante la eliminación de la mayor cantidad de restricciones hoy existentes.
Que si bien en algunos casos dichas restricciones fueron impuestas por normas cuyo dictado corresponde al H. Congreso de la Nación-aunque en la mayoría esas competencias eran ejercidas por ejecutivos de facto-, el Poder Ejecutivo, está legitimado para removerlas cuando como ocurre actualmente, su mantenimiento afecta la más pronta superación de la situación de emergencia, declarada por las leyes 23.696 y 23.697.
Que, por ello, la emergencia institucional obliga en la especie al Poder Ejecutivo nacional a ejercer competencias sustanciales legislativas, urgido por la necesidad de liberar a los habitantes de las restricciones y limitaciones al ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, que les habían sido impuestas en atención a situaciones de hecho que ya no existen.
Que la Constitución Nacional sostiene y preserva la libertad de comercio como principio de carácter permanente de la organización social y económicaPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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