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23/10/2003

LEY 25563

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Régimen. Modificación. Deudores en Concurso Preventivo. Efectos del acuerdo homologado. Modificación

ENTIDADES FINANCIERAS

Deuda del sector privado e hipotecario. Reprogramación de créditos. Régimen

PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Concursos preventivos. Ejecuciones y medidas cautelares. Suspensión. Plazo

EMERGENCIA

Emergencia productiva y crediticia. Declaración. Plazo

sanc. 30/1/2002, promul. parcial 14/2/2002; publ. 15/2/2002

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de ley:

CAPÍTULO I:
DE LA EMERGENCIA

Art. 1.– Declárase la emergencia productiva y crediticia originada en la situación de crisis por la que atraviesa el paí­s, hasta el 10 de diciembre de 2003. Las modificaciones que por la presente se introducen a las leyes que aquí­ se mencionan, regirán mientras dure la emergencia salvo que se establezca un plazo menor, sin perjuicio de cumplirse y mantenerse hacia el futuro los efectos correspondientes de los actos perfeccionados al amparo de su vigencia.

CAPÍTULO II:
DE LOS DEUDORES EN CONCURSO PREVENTIVO

Art. 2.– (Derogado por ley 25589, art. 1 ).

Art. 2.– (Texto originario). Modifí­case el art. 43 de la ley 24522 el que queda redactado de la siguiente forma:

Art. 43.– Perí­odo de Exclusividad. Propuestas de Acuerdo. Dentro de los ciento ochenta (180) dí­as, desde que quede notificada por ministerio de la ley la resolución prevista en el artí­culo anterior, o dentro del mayor plazo que el juez determine en función al número de acreedores o categorí­as el que no podrá exceder los ciento ochenta (180) dí­as del plazo ordinario establecido, el deudor gozará de un perí­odo de exclusividad para formular propuestas de acuerdo preventivo por categorí­as a sus acreedores y obtener de éstos la conformidad según el régimen previsto en el art. 45 . Las propuestas pueden consistir en quita o espera o ambas; entrega de bienes a los acreedores; constitución de sociedad con los acreedores quirografarios, en las que éstos tengan calidad de socios; reorganización de la sociedad deudora; administración de todos o parte de los bienes en interés de los acreedores; emisión de obligaciones negociables o debentures; emisión de bonos convertibles en acciones; constitución de garantí­as sobre bienes de terceros; cesión de acciones de otras sociedades; capitalización de créditos, inclusive de acreedores laborales, en acciones o en un programa de propiedad participada, o en cualquier otro acuerdo que se obtenga con conformidad suficiente dentro de cada categorí­a, y en relación con el total de los acreedores a los cuales se les formulara la propuesta.

Las propuestas deben contener cláusulas iguales para los acreedores dentro de cada categorí­a, pudiendo diferir entre ellas. El deudor puede efectuar más de una propuesta respecto de cada categorí­a, entre las que podrán optar los acreedores comprendidos en ellas. El acreedor deberá optar en el momento de dar su adhesión a la propuesta.

Las propuestas no pueden consistir en prestación que dependa de la voluntad del deudor.

Cuando no consista en una quita o espera, deberá expresar la forma y tiempo en que serán definitivamente calculadas las deudas en moneda extranjera que existiesen, con relación a las prestaciones que se estipulen.

Los acreedores privilegiados que renuncien expresamente al privilegio, deben quedar comprendidos dentro de alguna categorí­a de acreedores quirografarios. La renuncia no puede ser inferior al treinta por ciento de su crédito. A estos efectos, el privilegio que proviene de la relación laboral es renunciable, debiendo ser ratificada en audiencia ante el juez del concurso, con citación a la asociación gremial legitimada. Si el trabajador no se encontrare alcanzado por el régimen de convenio colectivo, no será necesaria la citación de la asociación gremial. La renuncia del privilegio laboral no podrá ser inferior al veinte por ciento del crédito, y los acreedores laborales que hubieran renunciado a su privilegio se incorporarán a la categorí­a de quirografarios laborales por el monto del crédito a cuyo privilegio hubieran renunciado. El privilegio a que hubiera renunciado el trabajador que haya votado favorablemente el acuerdo renace en caso de quiebra posterior con origen en la falta de existencia de acuerdo preventivo, o en el caso de no homologarse el acuerdo.

El deudor deberá hacer pública su propuesta presentando la misma en el expediente con una anticipación no menor a veinte (20) dí­as del vencimiento del plazo de exclusividad. Si no lo hiciere será declarado en quiebra.

El deudor podrá presentar modificaciones a su propuesta original hasta el momento de celebrarse la junta informativa prevista en el art. 45 penúltimo párrafo.

Art. 3.– (Derogado por ley 25589, art. 2 ).

Art. 3.– (Texto originario). Modifí­case el art. 49 de la ley 24522 el que queda redactado de la siguiente forma:

Art. 49.– Existencia de acuerdo. Dentro de los tres (3) dí­as de presentadas las conformidades correspondientes, por parte del deudor, dentro del perí­odo de exclusividad, el juez dictará resolución, haciendo saber la existencia de acuerdo preventivo.

Art. 4.– (Derogado por ley 25589, art. 3 ).

Art. 4.– (Texto originario). Modifí­case el inc. 5 del art. 50 de la ley 24522, el que queda redactado de la siguiente forma:

“Inobservancia de formas esenciales para la celebración del acuerdo. Esta causal sólo puede invocarse por parte de acreedores que no hubieran presentado conformidad a las propuestas del deudor”.

Art. 5.– (Derogado por ley 25589, art. 4 ).

Art. 5.– (Texto originario). Modifí­case el art. 51 de la ley 24522 el que queda redactado de la siguiente forma:

Art. 51.– Resolución. Tramitada la impugnación, si el juez la estima procedente, en la resolución que dicte debe declarar la quiebra.

Si la juzga improcedente, debe proceder a la homologación del acuerdo preventivo.

Ambas decisiones son apelables, al solo efecto devolutivo, en el primer caso por el concursado y en el segundo por el acreedor impugnante.

Art. 6.– (Derogado por ley 25589, art. 5 ).

Art. 6.– (Texto originario). Modifí­case el art. 53 de la ley 24522, el que queda redactado de la siguiente forma:

Art. 53.– Medidas para la ejecución. La resolución que homologue el acuerdo debe disponer las medidas judiciales necesarias para su cumplimiento. Si consistiese en la reorganización de la sociedad deudora, o la constitución de sociedades con los acreedores, o con alguno de ellos, el juez debe disponer las medidas conducentes a su formalización y fijar plazo para su ejecución, salvo lo dispuesto en el acuerdo.

Art. 7.– (Derogado por ley 25589, art. 6 ).

Art. 7.– (Texto originario). Modifí­case el art. 55 de la ley 24522, el que queda redactado de la siguiente forma:

Art. 55.– Novación. En todos los casos, el acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso. Esta novación no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios, los que quedarán obligados solamente en la extensión de la nueva obligación nacida del acuerdo homologado.

Art. 8.– (Derogado por ley 25589, art. 7 ).

Art. 8.– (Texto originario). A partir de la vigencia de la presente ley se prorrogará en todos los procesos concursales presentados con anterioridad y regidos por la ley 24522 el vencimiento del denominado perí­odo de exclusividad, por un plazo no menor a ciento ochenta (180) dí­as contados desde la fecha de vencimiento prevista o desde la última prórroga otorgada por el juez del concurso.

Suspéndese desde la vigencia de la presente y por el plazo previsto en el art. 1 de esta ley, cualquier tipo de garantí­as de obligaciones financieras que de cualquier modo permitan la transferencia de control de las sociedades concursadas o sus subsidiarias.

Art. 9.– (Derogado por ley 25589, art. 8 ).

Art. 9.– (Texto originario). Suspéndese por el plazo de ciento ochenta (180) dí­as contados a partir de la vigencia de la presente ley en los concursos preventivos, la totalidad de las ejecuciones judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean, así­ como también las previstas en la ley 24441 , en el art. 39 del decreto ley 15348, en la ley 9643 modificada por la ley 24486 y las previstas en el art. 23 de la ley 24522.

Art. 10.– (*) En los casos de acuerdos concursales judiciales o extrajudiciales homologados en los términos de la ley 24522 , el plazo para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el deudor, y sin perjuicio de lo dispuesto en el cap. III se ampliará por un (1) año a contar desde que las obligaciones homologadas en el concordato sean exigibles.

(*) El art. 9 de la ley 25589 establece: “El plazo establecido por el art. 10 de la ley 25563, concluye el dí­a 30 de junio de 2002. A partir de esa fecha se reanudan los plazos que hubieran sido afectados por esa norma”.

Art. 11.– (Derogado por ley 25589 , art. 10 ).

Art. 11.– (Texto originario). Suspéndese por el plazo de ciento ochenta (180) dí­as el trámite de los pedidos de quiebra, dejando a salvo la posibilidad de aplicar las medidas del art. 85 de la ley 24522.

Art. 12.– Acceso al crédito. El Banco Central de la República Argentina procederá a reglamentar la eliminación de toda restricción que de cualquier modo impida, obstaculice o encarezca el acceso al crédito de las personas fí­sicas y/o jurí­dicas concursadas. El Banco Central de la República Argentina instrumentará una lí­nea de redescuentos destinada a las entidades financieras que asistan a las empresas concursadas que se encuentren en la etapa prevista en el art. 43 de la ley 24522 que tenga por efecto asegurar a los concursados el acceso a créditos y avales suficientes para formular una propuesta de acuerdo a sus acreedores que sea considerada razonable y viable por la entidad bancaria a cuyo cargo se encuentre la asistencia crediticia.

Las empresas concursadas y aquellas en quiebra con continuidad empresaria, podrán contratar libremente con el Estado nacional siempre que reúnan las condiciones exigidas por este último.

Art. 13.– Incorpóranse como últimos párrafos del art. 3 de la ley 23898, los siguientes:

“Tasa Especial. En los procesos concursales, la tasa aplicable será del 0,75% (cero setenta y cinco por ciento) del importe de todos los créditos verificados comprendidos en el acuerdo preventivo. Sin embargo, cuando dicho importe supere la suma de $ 100.000.000 la tasa aplicable será del 0,25% (cero veinticinco por ciento) sobre el excedente”.

“La Administración Federal de Ingresos Públicos concederá a los procesos concursales, con carácter general, planes de pago de la tasa de justicia determinada en esta ley por un plazo de hasta diez (10) años”.

“Inví­tase a las provincias a establecer una disminución en sus respectivos regí­menes fiscales en punto a las tasas judiciales en el mismo sentido aquí­ normado”.

Art. 14.– Incorpórase como último párrafo del art. 266 de la ley 24522 el siguiente:

“Para el caso que el monto del activo prudencialmente estimado supere la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000), los honorarios previstos en este artí­culo no podrán exceder el 1% del activo estimado”.

CAPÍTULO III:
DE LA DEUDA DEL SECTOR PRIVADO
 E HIPOTECARIO

Art. 15.– (Derogado por ley 25589, art. 11 ).

Art. 15.– (Texto originario). Las entidades financieras regidas por la ley 21526 y complementarias gozarán de un plazo de noventa (90) dí­as para proceder a la reprogramación de las acreencias existentes al 30 de noviembre de 2001 que mantengan con los deudores del sistema a través de un acuerdo con cada uno de ellos, celebrado en el marco de las previsiones de la ley 25561 .

La reestructuración deberá contemplar los términos de quita, espera, tasa y demás condiciones que resulten razonables a las nuevas condiciones cambiarias y de flujo de fondos de las personas fí­sicas o jurí­dicas.

Si al término de dicho plazo no se ha acordado la reprogramación indicada, la entidad financiera deberá previsionar el cien por ciento (100%) del crédito del deudor. (Párrafo observado por decreto 318/2002, art. 1 ).

En cuanto a las garantí­as otorgadas por las sociedades de garantí­a recí­proca (ley 24467 ) y/o fondos de garantí­as, no podrán ser ejecutadas mientras dure la emergencia.

Para el supuesto de mediar acuerdo, las Sociedades de Garantí­a Recí­proca y/o fondos de garantí­a reasumen sus obligaciones de manera subsidiaria y en los mismos términos del acuerdo a que el deudor hubiera arribado.

Art. 16.– (Texto según ley 25589, art. 12 ) (*). Se suspenden por el plazo de ciento ochenta (180) dí­as corridos contados a partir de la vigencia de la presente:

a) Los actos de subasta de inmuebles en los que se encuentre la vivienda del deudor o sobre bienes afectados por él a la producción, comercio o prestación de servicios, decretadas en juicios ejecutivos, ejecuciones de sentencias o en ejecuciones extrajudiciales. Exceptúanse de esta disposición los créditos de naturaleza alimentaria, los derivados de la responsabilidad por la comisión de delitos penales, los laborales, los causados en la responsabilidad civil y contra las empresas aseguradoras que hayan asegurado la responsabilidad civil, los de causa posterior a la entrada en vigencia de esta ley y la liquidación de bienes en la quiebra.

b) La ejecución de medidas cautelares que importen el desapoderamiento de bienes afectados a la actividad de establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesiten para su funcionamiento.

(*) El art. 1 de la ley 25640 establece: “Prorrógase por el plazo de noventa (90) dí­as corridos el término previsto en el art. 12 de la ley 25589”.. Ver también ley 25737 .

Art. 16.– (Texto originario). Suspéndese por el plazo de ciento ochenta (180) dí­as contados a partir de la vigencia de la presente, la totalidad de las ejecuciones judiciales o extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean, incluso las previstas en la ley 24441 y en el art. 39 del decreto ley 15348 y las comprendidas en la ley 9643 modificada por la ley 24486 . Exceptúense de esta disposición los créditos de naturaleza alimentaria y los derivados de la responsabilidad de la comisión de delitos penales, los créditos laborales, los que no recaigan sobre la vivienda del deudor o sobre otros bienes afectados por el mismo a producción, comercio o prestación de servicios, los derivados de la responsabilidad civil y contra las empresas aseguradoras, las obligaciones surgidas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y los casos en que hubiera comenzado a cumplirse la sentencia de quiebra, con la correspondiente liquidación de bienes.

Suspéndese por el plazo de ciento ochenta (180) dí­as las medidas cautelares trabadas y prohí­bese por el mismo plazo las nuevas medidas cautelares sobre aquellos bienes que resulten indispensables para la continuidad de las actividades relacionadas con el giro habitual del deudor. Suspéndese asimismo por el mismo plazo las ejecuciones y medidas cautelares a que se refiere el art. 92 de la ley 11683 incorporado por el art. 18 de la ley 25239 (*).

(*) Texto observado por decreto 318/2002, art. 2 .

Serán nulos todos los actos de disposición extraordinaria del deudor sobre sus bienes durante el perí­odo de suspensión previsto en el presente artí­culo, salvo que contare con acuerdo expreso de los acreedores.

Art. 17.– (Observado por decreto 318/2002, art. 3 ). 1. Sustitúyense los párrs. 1 y 2 del art. 6 de la ley 25561, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

Art. 6.– El Poder Ejecutivo nacional dispondrá medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio dispuesta en el art. 2 de la presente ley, en las deudas nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras, que mantuvieran personas de existencia visible o ideal con el sistema financiero o que mantuviesen personas fí­sicas o jurí­dicas entre sí­, comprendidas en los incisos a), b) y f) del presente artí­culo. Al efecto dispondrá normas necesarias para su adecuación.

El Poder Ejecutivo nacional reestructurará las deudas con el sector financiero y entre personas fí­sicas o jurí­dicas comprendidas en los incisos a), b) y f) del presente artí­culo estableciendo la relación de cambio un peso ($ 1) = un dólar estadounidense (U$S 1) en deudas con el sistema financiero y entre personas fí­sicas o jurí­dicas comprendidas en los incisos a), b) y f) del presente artí­culo cuyo importe de origen no fuese superior a dólares estadounidenses cien mil (U$S 100.000) con relación a:

a) créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda;

b) a la construcción, refacción y/o ampliación de vivienda;

c) créditos personales;

d) créditos prendarios para la adquisición de automotores;

e) a los créditos de personas fí­sicas o jurí­dicas que cumplan con los requisitos de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME); y

f) las deudas contraí­das por personas fí­sicas en su carácter de asociados a sociedades cooperativas o asociaciones mutuales, que hayan tenido por origen y por fin la adquisición, construcción, refacción y/o ampliación de vivienda única y familiar.

2. Incorpórase como último párrafo del art. 6 de la ley 25561, el siguiente:

“Las sociedades cooperativas y asociaciones mutuales que resulten afectadas por lo dispuesto en esta norma podrán recibir del Poder Ejecutivo nacional el mismo trato que se confiera a las entidades financieras a las que se refiere este artí­culo”.

Art. 18.– (Observado por decreto 318/2002, art. 3 ).Agrégase como último párrafo del art. 11 de la ley 25561 el siguiente texto:

“Quedan exceptuados de las disposiciones de este artí­culo los casos comprendidos en el art. 6 ”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 19.– Derógase el inc. c) del art. 28 del decreto 1023/2001.

Art. 20.– Derógase el inc. e) del art. 3 de la ley 23898.

Art. 21.– (Derogado por ley 25589, art. 13 ).

Art. 21.– (Texto originario). Derógase el art. 48 de la ley 24522.

Art. 22.– Esta ley es de orden público y entrará en vigencia a partir de su promulgación.

Art. 23.– Comuní­quese, etc.

Camaño – Maqueda – Rollano – Oyarzún

Normas citadas: Ley de Concursos y Quiebras –L 24.522–: LA 199-B-1547 – Ley de Entidades Financieras –L 21.526–-A-69 – Ley de Prenda con Registro –DL 15.348/1946, t.o. 1995–: LA 199-C-3295 – Ley de Tasas Judiciales –L 23.898–: LA 1990-C-2759 – L 96431853/9–204 – L 24.441: LA 199-A-49 – L 24.467: LA 199-A-149 – L 24.486: LA 199-B-1498 – L 25.239: LA 2000-A-103 – L 25.561: LA 200-A, fasc. n. 1, p. 8 – D 1023/2001: LA 200-C-3240.

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