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DECRETO 1172/2003

INFORMACIÓN PúBLICA

PODER EJECUTIVO

Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo nacional; para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional; para la Elaboración Participativa de Normas; del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo nacional y de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos. Aprobación. Acceso libre y gratuito ví­a Internet del Boletí­n Oficial

del 3/12/2003; publ. 4/12/2003

Visto la necesidad de mejorar la calidad de la democracia y con la certeza de que el buen funcionamiento de sus instituciones es condición indispensable para el desarrollo sostenido, y

Considerando:

Que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del art. 1 , de los arts. 33 , 41 , 42 y concordantes del cap. II –que establece nuevos derechos y garantí­as– y del art. 75 inc. 22, que incorpora con jerarquí­a constitucional diversos tratados internacionales.

Que constituye un objetivo de esta administración fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el convencimiento de que esta alianza estratégica es imprescindible para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legí­tima, transparente y eficiente.

Que para lograr el saneamiento de las Instituciones debe darse un lugar primordial a los mecanismos que incrementan la transparencia de los actos de gobierno, a los que permiten un igualitario acceso a la información y a los que amplí­an la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración.

Que la audiencia pública habilita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones a través de un espacio institucional en el que todos aquellos que puedan sentirse afectados, manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse. Dichas opiniones –no obstante su carácter no vinculante– deben ser consideradas adecuadamente, estableciéndose la obligación de la autoridad de fundamentar sus desestimaciones.

Que la publicidad de la gestión de intereses es necesaria a efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado, así­ como el objetivo de estos encuentros, para que grupos sociales interesados, ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en general, puedan acceder a tal información.

Que la elaboración participativa de normas es un procedimiento que, a través de consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados y a la ciudadaní­a en general en la elaboración de normas administrativas y de proyectos de ley para ser elevados por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación, cuando las caracterí­sticas del caso –respecto de su viabilidad y oportunidad– así­ lo impongan.

Que el derecho de acceso a la información pública es un prerrequisito de la participación que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman dí­a a dí­a para ayudar a definir y sustentar los propósitos para una mejor comunidad.

Que las reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos han de permitir poner fin a uno de los reductos del secreto que suele encubrir corrupción o arbitrariedad en decisiones que afectan y, frecuentemente, perjudican a los usuarios. La presencia como oyente en la reunión permitirá, a quien esté interesado, conocer las opiniones que cada uno de los miembrosPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.

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