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JURISPRUDENCIA
En la ciudad de San Isidro, a los 2 días del mes de diciembre de 2019, reunidas en Acuerdo las señoras Jueces de la Sala Tercera de la Excma. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro en virtud del art. 35 de la ley 5827, doctoras SILVINA ANDREA MAURI y MARIA IRUPE SOLANS, para dictar sentencia en los autos caratulados: «B,M, M. C/ V, R, D. S/ ACCION COMPENSACION ECONOMICA» expediente nº SI-23615-2017; practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Dras. Mauri y Soláns resolviéndose plantear y votar la siguiente:
CUESTION
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
VOTACION
A la cuestión planteada, la señora Juez doctora Mauri dijo:
I. El asunto juzgado.
I.1) M, M, B. inicia acción de compensación económica contra R, D. V. por la suma de $10.000.000, más intereses y costas.
Relata que contrajo matrimonio con el demandado el 3 de enero de 2008, vínculo que quedó disuelto mediante el dictado de la sentencia dictada en los autos «B, M, c/ V. R, s/ Divorcio», de fecha 22 de diciembre de 2016.
Señala que teniendo como causa adecuada el matrimonio y el divorcio, se generó en su perjuicio un manifiesto desequilibrio económico que significó un empeoramiento de su situación; el que requiere le sea compensado mediante el instituto previsto por los arts. 441 y 442 del CCyC.
Dice que es notorio el cambio en su estado patrimonial desde que se iniciaron la vida matrimonial, hasta su finalización y posteriormente, lo que resulta palmario sólo con ver los términos denunciados en el proceso sobre alimentos, en el de medidas precautorias y en el hecho de no poder arribar a un acuerdo con su ex cónyuge en el de liquidación de la comunidad.
En tal contexto, dice que de todo ello se colige cuál era su situación patrimonial al celebrarse el matrimonio, durante el mismo, y el claro desequilibrio patrimonial que se le generó a ella con su ruptura.
Agrega que no se encuentra viviendo con sus hijos en la que fuera la sede del hogar conyugal, sino que lo hace en la casa de sus padres.
Con respecto a su relación con el demandado, dice que iniciaron la convivencia en el año 2002, que dejó de trabajar en relación de dependencia en dicho momento, y que para entonces ella contaba con un automotor que explotaba como remis. Refiere que este último bien fue vendido, y su producido usado por el demandado para negocios personales, y que recién en el año 2005 le compró una Meriva, que derivó en la camioneta marca Chrysler que ahora posee -la que no usa por no poder mantenerla-.
Aduce que durante la vida en común tuvieron tres mucamas, jardinero, piletero y niñera; y ella que se dedicó completamente a la familia, sin poder trabajar por mandato del accionado.
Concluye que fueron varios los años dedicados íntegramente a su familia, y que producida la ruptura matrimonial, se encuentra en una clara desventaja monetaria y de confort, producto no sólo de la falta de pago de alimentos sino de las negativas a acordar cómo liquidar la comunidad ganancial. Dice que todo ello queda demostrado con las constancias de las causas sobre alimentos y medidas precautorias.
I.2) R, D. V. contesta demanda, da su versión del caso, y requiere el rechazo del reclamo.
Sostiene que la misma resulta improcedente en tanto no se encuentran dados los presupuestos legales que la justifiquen. Dice que siquiera han liquidado laPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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