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JURISPRUDENCIADefensa del consumidor. Sanciones. Impugnación. Requisitos de validez
Se revoca la sentencia de grado en cuanto ha rechazado la demanda promovida, admitiendo así la pretensión perseguida por la accionante y anulando la Resolución de la Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios municipal que ha sido objeto de impugnación. Ello en virtud de que la sanción aplicada por la Resolución impugnada no resulta ajustada a derecho en tanto se exhibe incausada.
En la ciudad de General San Martín, a los 26 días del mes de diciembre de 2.018, se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Ana María Bezzi, Jorge Augusto Saulquin y Hugo Jorge Echarri, para dictar sentencia en la causa n° SI2-6965-2018, caratulada «TELECOM PERSONAL S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD».
ANTECEDENTES
I.- Con fecha 15 de junio de 2.017, el Sr. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 de San Isidro dictó sentencia resolviendo rechazar la demanda promovida por Telecom Personal S.A. contra la Municipalidad de Vicente López, mediante la cual persiguiera que se declarara la nulidad de la Resolución n° 318/2016 dictada el 30 de marzo de 2.016 por la Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios municipal en el marco del Expediente DGDC UM-119/2015, iniciado a partir de la denuncia efectuada por Antonio Alberto Denacimiento y en el cual se la había condenado al pago de una multa de quince mil pesos ($15.000) por haberla encontrado culpable de haber infringido el artículo 4° de la Ley n° 24.240, importe cuyo desembolso debería ser acreditado ante la autoridad administrativa dentro de los diez días hábiles administrativos de notificado el acto, bajo apercibimiento de ejecución por vía de apremio; al pago de un resarcimiento en favor del denunciante en concepto de daño directo, cuyo monto había sido fijado en el equivalente a un (1) salario mínimo vital y móvil establecido por el Consejo Nacional de Empleo u organismo pertinente, vigente al momento de su cancelación; y, asimismo, a publicar a su costa, dentro del término de diez días hábiles de notificada la resolución, la parte dispositiva en Clarín Suplemento Vicente López, debiendo adjuntar la constancia correspondiente dentro de los cinco días hábiles de efectuada. Finalmente, le impuso las costas a la parte actora en su calidad de vencida (cfr. art. 51 del C.C.A.) y difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, para una vez que se encontrara firme el decisorio (ver fs. 127/136 vta.).
II.- Con fecha 30 de junio de 2.017, ante la solicitud efectuada por la parte demandada a través de la presentación electrónica del 27 de junio de 2.017 (ver impresión glosada a fs. 138 y constancias obrantes en el Sistema Informático «Augusta»), el magistrado de grado dictó una resolución aclaratoria con relación a la sentencia antes referida, en la que dejó debidamente consignado que en donde había indicado en el punto 1 de fs. 136 vta. «Municipalidad de San Isidro», debía decir «Municipalidad de Vicente López» (ver fs. 139).
III.- Con fecha 4 de julio de 2.017, el letrado apoderado de la parte actora interpuso -mediante un escrito electrónico- recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos, con expresión de fundamentos (ver impresión agregada a fs. 144/147 vta. y constancias obrantes en el Sistema Informático «Augusta»).
IV.- Con fecha 10 de julio de 2.017, el juzgador de primera instancia tuvo presente el recurso de apelación deducido por la accionante y dispuso correr traslado del mismo a la contraria, por el plazo de diez días (ver fs. 149).
V.- Con fecha 13 de noviembre de 2.017, la mandataria de la parte demandada contestó -a través de una presentación electrónica- el traslado antes indicado (ver impresión glosada a fs. 161/164 y constancias obrantes en el Sistema Informático «Augusta»).
VI.- Con fecha 8 de junio de 2.018, el tercero coadyuvante -Sr. Denacimiento- evacuó el traslado del recurso de apelación articulado por la parte actora (ver fs. 172/173).
VII.- Con fecha 12 de junio de 2.018, el Sr. Juez a quo ordenó que se elevaran las presentes actuaciones a esta Alzada (ver fs. 174), las que fueron recibidas el 18 de junio de 2.018 (ver fs. 175 vta.) y con fecha 26 de junio de 2.018 -tras haberle tenido a las partes y al tercero coadyuvante por constituidos los domicilios procesales indicados y presente los electrónicos denunciados- se dispuso que pasaran los autos para resolver (ver fs. 176).
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