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JURISPRUDENCIA
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces que en estos autos integran la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causas Nº 100.742 y agr. 100.755 de este Tribunal, caratuladas: «P., J. L. s/ Recurso de Casación» y «B., R. L. s/ Recurso de Casación», respectivamente. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN – NATIELLO procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
ANTECEDENTES
I- El Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial San Isidro con fecha 10 de septiembre del 2019, condenó -bajo el procedimiento de juicio abreviado- a R. L. B. y a J. L. P. a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional y costas del proceso, por hallarlos coautores penalmente responsables de los delitos de estafa procesal en concurso real con depositario infiel (arts. 172 y 263 en función del art. 261 del C.P.), disponiendo asimismo el cumplimiento de determinadas reglas conductas para los encausados durante el plazo de la condena de conformidad a lo normado por el art. 27 bis del C.P. (v. fs. 24/25 del leg. 100.742).
II- Contra dicho decisorio, los defensores de confianza de los imputados, doctores Mariano Mendilaharzu y Hernán Jáuregui Lorda interpusieron análogos recursos de casación, en los que denuncian la falta de adecuación típica de los hechos tenidos por probados a las figuras legales aplicadas, constitutivas de los delitos de estafa procesal y depositario infiel.
Sostienen que el escenario más desfavorable para sus defendidos atendiendo a los hechos -no discutidos-, eventualmente los haría responsables de los delitos de falsa denuncia o calumnias y desobediencia, respectivamente.
En esa dirección expresan que el engaño o ardid supuestamente perpetrado por el señor B. consistió en mentir al Sr. Juez de garantías respecto a la posesión del inmueble que ejercía su apoderado P., todo ello en el marco de la IPP …, en trámite por ante el Juzgado de Garantías nro. 7 Departamental.
Que el hecho que habría ocasionado el engaño del magistrado no habría sido otro que la afirmación de B. respecto de la supuesta posesión que ejercía su poderdante, el señor P., del terreno objeto de litigio. Que idéntico «engaño» se habría producido en la persona del Sr. Fiscal interviniente. Aducen que resulta imposible sostener válidamente sobre esa base, que el accionar endilgado tenga entidad suficiente como para inducir a engaño a un Magistrado y a un Fiscal, cuando ambos funcionarios poseían amplias facultades legales y procesales de verificación del estado de posesión del predio.
Refiere que la pereza judicial no puede cargar a cuenta de los imputados. Señala que el sentenciante pretende otorgarle la calidad de «ardid idóneo» a las simples mentiras que pudo haber sostenido alguno de los imputados y a la manifestación inserta por el señor P. en el documento de venta del terreno ocupado por el señor N. (que no son más que formulismos de rigor que contiene cualquier escritura pública de compraventa), soslayando por completo que se obvió tomar alguna medida competente que permita verificar lo que sus asistidos alegaban en esa oportunidad. Cita doctrina en apoyo de su postura (v. fs. 37vta./38).
En cuanto a la declaración del señor J. G., quien en oportunidad de acompañar al señor B. a cambiar el cerco perimetral del terreno el día 16 de marzo del 2015, sufrió agresiones del señor N. y declaró en Sede policial que «…se hizo presente en el terreno ubicado en las calles Chazarreta entre Verazzi y Manzoni,Para continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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