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DECRETO 2184/1990 (*)

CONFLICTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO

Servicios esenciales. Definición. Resolución de conflictos laborales que afecten dichos servicios. Reglamentación

del 16/10/1990; publ. 19/10/1990

(*) Derogado por ley 25250, art. 34 ; derogación ratificada por ley 25877, art. 42 .

Visto las leyes 14786 y 16936 modificada por la ley 20638 , y

Considerando:

Que las citadas normas legales, juntamente con el decreto 4973/1965 , instituyen procedimientos destinados a prevenir o en su caso encauzar los conflictos de trabajo, sea que se produzcan en la actividad privada como en servicios públicos de interés general.

Que se torna necesario dictar una adecuada reglamentación que permita, dentro del ámbito de la ley, fijar normas y procedimientos que contemplen simultáneamente, el interés laboral afectado y las garantí­as mí­nimas de prestación de servicios indispensables.

Que la medida encuentra fundamento en lo dispuesto por el art. 86 incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional.

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina decreta:

Art. 1.- A los fines previstos en el presente decreto, serán considerados servicios esenciales, aquellos cuya interrupción total o parcial pueda poner en peligro la vida, la salud, la libertad o la seguridad, de parte de la población o de las personas, en particular:

a) Los servicios sanitarios y hospitalarios;

b) El transporte;

c) La producción y distribución de agua potable, energí­a eléctrica, gas y otros combustibles;

d) Los servicios de telecomunicaciones;

e) La educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria;

f) La administración de justicia, a requerimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;

g) En general todos aquellos en los que la extensión, duración u oportunidad de la interrupción del servicio o actividad pudiera poner en peligro la vida, la salud, la libertad o la seguridad de toda la comunidad o de parte de ella, lo que así­ será calificado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 2.- Al tomar conocimiento el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la existencia de un conflicto de trabajo cuya competencia le corresponda por aplicación de la ley 14786 , procederá a determinar por resolución fundada si el mismo afecta, total o parcialmente, a alguno de los servicios indicados en el art. 1 .

Art. 3.- Al adoptar las decisiones que autoriza la ley 14786 , el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social procederá, en los casos previstos en el art. 2 , a encuadrar el conflicto en las disposiciones del presente decreto, sin perjuicio de la aplicación de las previstas en la ley.

Art. 4.- Con anticipación del cinco (5) dí­as al vencimiento del plazo previsto en el art. 11 de la ley 14786, la parte que se proponga adoptar medidas de acción directa, deberá comunicar esta decisión a la autoridad de aplicación y a la contraparte con el detalle de las medidas.

Art. 5.- Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la comunicación a que alude el artí­culo anterior, las partes deberán convenir las modalidades de la prestación de los servicios mí­nimos que deberán mantenerse mientras dure el conflicto, a fin de atender las necesidades imprescindibles de los usuarios. A falta de acuerdo la modalidad de la prestación de los servicios mí­nimos será establecida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con el ministerio u organismo que resulte competente, pudiendo aquél observar lo convenido por las partes en conflicto respecto de los servicios mí­nimos, si entendiera que éstos pueden resultar insuficientes o inadecuados.

Art. 6.- En aquellas actividades o empresas en las que mediante convenio colectivo o acuerdo de empresa se hubiere preestablecido la prestación de servicios mí­nimos a que se refiere el artí­culo anterior, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas allí­ fijado, las partes deberán convenir por escrito las modalidades de la prestación de aquéllos, señalando el alcance de la disposición contractual y la firma (Sic B.O.) práctica en que se llevará a cabo. La autoridad de aplicación podrá hacer uso de la facultad que le confiere la última parte del referido artí­culo.

Art. 7.- Establecidos los servicios mí­nimos a que aluden los artí­culos anteriores, los trabajadores afectados a dichos servicios deberán cumplirlos, conforme a los equipos normales de trabajo y en los turnos y horarios que les corresponda de acuerdo a las diagramaciones establecidas. Corresponderá al empleador la designación de los equipos y asignación de funciones. La falta de cumplimiento del deber de trabajar por los trabajadores obligados a la prestación de los servicios mí­nimos, será regida por las disposiciones legales, estatutarias o convencionales que les resulten aplicables.

Art. 8.- Las empresas u organismos que presten servicios esenciales deberán disponer medidas tendientes a la pronta reactivación del servicio cuando terminen las medidas de acción directa. Es obligación del organismo o empresa poner en conocimiento de los usuarios las modalidades, tiempo de iniciación y duración de las medidas, forma de distribución de los servicios mí­nimos garantizados y reactivación de las prestaciones, dos (2) dí­as antes de la fecha prevista para el inicio de la medida.

Art. 9.- En caso que, fracasada la conciliación, las medidas de acción directa dispuestas se llevaren a cabo sin respetar las prestaciones de servicios mí­nimos convenidas, o establecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la autoridad de aplicación, por resolución fundada, someterá de manera inmediata el conflicto subsistente a la instancia del arbitraje obligatorio, en los términos y con los alcances previstos en la ley 16936 modificada por la ley 20638 .

Art. 10.- Ante la inobservancia de los procedimientos previstos en las leyes 14786 y 16936 modificada por la ley 20638 con los alcances reglamentarios establecidos en el presente decreto o la falta de acatamiento de las decisiones que en ejercicio de las facultades propias adopte la autoridad de aplicación, ésta declarará la ilegalidad de las medidas de acción directa que se materialicen.

Art. 11.- Con relación a las asociaciones sindicales que dispongan, alienten o apoyen medidas de acción directa consideradas ilegales, la autoridad de aplicación procederá a instrumentar los procedimientos previstos en los incs. 2 y 3 del art. 56 de la ley 23551.

Art. 12.- Dentro de las condiciones previstas en el presente decreto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá extender su aplicación a los conflictos que se susciten con el personal de la administración pública centralizada y descentralizada no comprendido en Convenios Colectivos de Trabajo, en consulta con el ministerio del ramo.

Art. 13.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación de las disposiciones del presente.

Art. 14.- Comuní­quese, etc.

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