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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Vendedores ambulantes. Relación de dependencia
Se mantiene el fallo que acogió la demanda por despido, pues si bien se halla reconocido que el actor adquiría los boletos de bingo que luego revendía, no está demostrado que en los casos de frustrarse su intención de comercializar la totalidad soportara las pérdidas de tal coyuntura, es decir, la imposibilidad de devolver los documentos no mercantilizados; de esta manera el encartado no ha probado que el trabajador era extraño a los riesgos empresarios de su empleador.
En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 04 días del mes de agosto de 2017, reunidos los señores jueces y la actuaria de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones provincial con asiento en esta ciudad, para entender en el recurso de apelación interpuesto en los autos Nº 6789/12 provenientes del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Distrito Judicial Sur, en los autos caratulados: «CÁRCAMO GUERRERO, María Dulia c/ IZARRA, Héctor s/ DESPIDO », en trámite por ante este Tribunal de Alzada bajo el nº 8270/17, se certifica que se llegó al Acuerdo resultante de la siguiente deliberación y debate (art. 47.2 del CPCC):
1.- El juez Ernesto Adrián Lí–FFLER dijo:
I.- Llegan a estudio las presentes actuaciones, pretendiendo la revisión de la sentencia de grado obrante a fojas 182/187vta., que hizo lugar a la demanda promovida por la actora contra el señor Izarra y en consecuencia condenó al demandado a abonar a la actora la suma que resulte de la liquidación a practicarse oportunamente. El a quo aplicó una tasa de interés al monto de condena desde que la suma es debida hasta su efectivo pago, promediando la tasa activa y pasiva que utiliza el Banco de la provincia de Tierra del Fuego según la jurisprudencia sentada por el STJ de la provincia en el precedente «Escobar».
Se impuso las costas del proceso al demandado vencido y se reguló los honorarios del letrado de la parte actora en el 14% más el 40% de esa suma por su doble carácter; los del letrado de la demandada en el 11% -en forma conjunta-, todos ellos, del monto de condena.
Para resolver cómo lo hizo el sentenciante entendió que la accionada no pudo acreditar la existencia de una relación de trabajo de forma independiente como así lo argumentara alPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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