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JURISPRUDENCIAContratos administrativos. Prestación de servicios. Facturas impagas. Silencio de la Administración. Buena fe
Se confirma la sentencia apelada, haciendo lugar al reclamo de la actora por el pago de facturas impagas, en el marco de la contratación de servicio de desinfección con el municipio demandado, pues habiendo la accionada receptado todas las facturas sin indicar falencia alguna, se determina que la demanda no llevó adelante una conducta leal, ya que, manteniéndose en silencio -pese a los requerimientos de pago-, alegó el incumplimiento recién al contestar demanda y fue reticente en aportar los elementos necesarios para la realización de la pericia contable.
En la ciudad de General San Martín, a los 7 días del mes de diciembre de 2016, se reúnen en acuerdo ordinario los Sres. Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Hugo Jorge Echarri, Jorge Augusto Saulquin y Ana María Bezzi, para dictar sentencia en la causa Nº 5356/2016, caratulada «Merlo Norma del Rosario c/ Municipalidad de San Fernando s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos».
ANTECEDENTES
I.- A fs. 284/292 vta., el Juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de San Isidro dictó sentencia: «I.- Haciendo lugar a la demanda interpuesta por la Sra. Norma del Rosario Merlo contra la Municipalidad de San Fernando, condenando a esta última a que proceda al pago de las facturas Nº 416, 417, 418, 421, 428, 505, 508, 516, 520, 523, 533, 537, 546, 547 y 550, a las que deberá adicionarse la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días, desde la fecha de constitución en mora (2 de octubre de 2012) y hasta su efectivo pago. II.- Imponiendo las costas a la parte demandada, Municipalidad de San Fernando, en su calidad de vencida (art. 51 inc. 1 del C.C.A.). III.- Difiriendo la regulación de honorarios hasta quedar firme la presente…»
Para así decidir, luego de reseñar las constancias de la causa, el Juez de grado adujo que la presente se iniciaba con el objeto de obtener el pago de sumas adeudadas por el incumplimiento de la Municipalidad de San Fernando de distintas facturas que tienen como base el contrato de prestación de servicios suscripto por la actora con dicho municipio.
Expuso que la municipalidad de San Fernando -por su parte- afirmaba que la parte actora no había cumplido con las prestaciones para las que fue contratada y que por ese motivo procedió a la suspensión de los pagos reclamados.
Así, entendió que la controversia planteada se circunscribía a determinar si el municipio accionado debía abonar las facturas adeudadas y si los servicios a cargo de la contratista fueron cumplidos en debida forma.
A los fines de examinar el caso, refirió que la juridicidad configuraba el marco del que no podía sustraerse la actividad estatal, en tanto ninguna dependencia u organismo de éste puede dejar de aplicar el principio de legalidad objetiva, como era la defensa de la norma jurídica objetiva con el fin de mantener el imperio de la legalidad y justicia en el funcionamiento administrativo (citó SCBA LP B 65621 RSD-138-15 S 06/05/2015; SCBA LP B 61742 S 18/06/2008, entre otros, y cfr. JCA nº 2 SI en causas n° 1029 y n° 1331 ambas del 3/7/15 y n° 4667 del 2/12/15).
Asimismo, adujo que la vinculación de la Administración con la norma debíaPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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