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JURISPRUDENCIAEmpleo público. Policía provincial. Exoneración de agente policial. Irregularidades en procedimiento de secuestro. Prejudicialidad
Se confirma la legitimidad de la exoneración del agente policial que incurrió en omisiones e irregularidades en el protocolo de secuestro del dinero existente en la morada a la que este acudió -junto a otros efectivos- ante el deceso de una persona, y que terminó por afectar gravemente el prestigio de la fuerza de la que formaba parte.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 25 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causaC-6645-MP1 «B., L. G. c. PROVINCIA DE BUENOS AIRES s. PRETENSIÓN ANULATORIA», con arreglo al sorteo de ley, cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
I. Con fecha 18-11-2015 -v. fs. 223/234- el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata dictó sentencia rechazando la demanda impetrada por el Señor L. G. B. contra la Provincia de Buenos Aires. Impuso -a su vez- las costas del proceso en el orden causado y, en el mismo acto, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa.
II. Declarada la admisibilidad del recurso de apelación intentado por la parte actora a fs. 238/243, los autos fueron puestos al Acuerdo para dictar Sentencia. En cumplimiento con tal faena, corresponde plantear y votar la siguiente:
CUESTIÓN
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. El a quo rechazó la pretensión incoada por el Sr. L. G. B., por la cual procuraba obtener un pronunciamiento judicial que declarase la nulidad de la Resolución N° 4088 dictada por el entonces Ministro de Seguridad -Carlos Ernesto Stornelli-, acto administrativo que confirmaba la medida disciplinaria de exoneración que le había sido aplicada por la supuesta comisión de la falta administrativa prevista en el art. 59 inc. 7mo del Decreto Ley 9550/80.
Expuso que de la lectura de los antecedentes del caso, se desprendía que la cuestión a resolver se circunscribía a desentrañar si las impugnaciones que efectuaba el actor contra los elementos del acto administrativo que dispuso su exoneración, merecían ser receptados, o no. Previo a adentrarse en el tratamiento del dilema planteado, estimó oportuno aclarar dos cuestiones: la primera, que si bien el actor decía impugnar la Resolución nº 4088 de fecha 17 de diciembre -por medio de la cual se confirmaba la medida disciplinaria que le había sido aplicada-, lo cierto era que de la lectura de su libelo liminar se desprendía que el ataque estaba dirigido contra la medida segregativa -Resolución nº 3397, dictada por el Sr. Auditor General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 17 de octubre de 2006- y no contra la Resolución nº 4088, que era la que rechazaba el recurso interpuesto contra aquella.
El segundo punto que procedió a aclarar, fue que entre los cuestionamientos que formulaba el actor contra dicho acto, se invocaba la existencia de una sentencia absolutoria en sede penal y de otra ordenando su restitución aPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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