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JURISPRUDENCIAFiscal de Estado. Juicio político. Enjuiciamiento de magistrados. Derecho al honor. Libertad de expresión. Expresiones injuriantes
Se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, rechazándose la demanda de indemnización del daño moral entablada por un Fiscal de Estado contra un director de un instituto provincial de seguridad social, al concluirse que, aunque pudieron resultar expresiones perturbadoras e incluso hirientes para el actor, en el sentido de que el demandado conocía irregularidades e ilegalidades que no investigó -respecto de las cuales habría prestado anuencia-, que era un defensor del gobierno de turno, de grandes intereses corporativos y económicos -de los cuales sería cómplice en el marco de un pacto de impunidad- y que habría estafado a los trabajadores, no constituían insultos o vejaciones gratuitas aptas para generar responsabilidad en los términos de la jurisprudencia de la Corte Federal. En sentido contrario, se trató de formulaciones que guardaban relación directa con el juicio crítico que el accionado tenía acerca del actor y que debían ser protegidas. Obviamente, qué era lo que podía representar la figura de un funcionario público para cada ciudadano era algo que dependía en forma exclusiva de la valoración de cada persona y respecto de lo cual no era posible efectuar juicios de verdad o falsedad empíricamente verificables que no se refieran a los estados mentales del emisor.
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