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JURISPRUDENCIAMedida cautelar. Extinción. Dominio. Decreto de necesidad y urgencia. Narcotráfico
Se hace lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal y se dispone que varias propiedades y sumas de dinero en efectivo, presuntamente provenientes de ilícitos penales, queden bajo la tutela de la Agencia para la Administración de los Bienes del Estado; atento a encontrarse cumplidos los requisitos del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 62/19 que permite la extinción de dominio.
Informo a S.S. que habiéndose comunicado personal del Tribunal con el Banco de la Nación Argentina, informan que no poseen inversiones a plazo fijo en las monedas euros, soles, chilenos, cubanos ni mexicanos. Es todo cuanto puedo informar. Secretaría, de septiembre de 2019.
MARIA LUCILA KOON
SECRETARIA INTERINA
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.- A fs. 1/163 se presentan Miguel Ángel Gilligan, Fiscal Federal Civil y Comercial -en conjunto con Diego A. Iglesias, Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación-PROCUNAR- y Pablo Turano, Fiscal de la PGN a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n°1-, e inician demanda de extinción de dominio en los términos del art. 3 del Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio aprobado por decreto de necesidad y urgencia n° 62/19 contra las personas humanas José Gonzalo Loza, Erwin Raúl Loza, Clara Luz Fernández, Gonzalo Daniel Loza, Alan Iván Loza, Juan Carlos Fernández, Javier Eduardo (sic) Silveira López, Natalia Soledad Grosso, Gerardo Guccione, Marcela Gabriela Leopardo, Rocío Candela Loza, Pilar Nazarena Loza, Ignacio Ervin Loza -menor de edad-, Jorge Daniel Lucena, Miguel Ángel Suárez, Estela #33862401#245132201#20190923170419864 Mari Gallo, Ezequiel Suárez Gallo, William Oscar Weston Millones, Américo Alfredo Santi, Mario Clodomiro Banega Caligari, Ximena Huaman Calatayud, Patricia Teresa Ruiz y contra las personas jurídicas Inversora Salteña S.A., Aguamarina S.A., Automóviles The Boss S.A., Guecol S.R.L., Gasuan S.R.L., Sugaez S.A., Coninvar S.A., Su Core S.R.L., Ezmisu S.R.L. y Apícolas Reinas Rubias S.R.L.
Fundan la demanda en el origen ilícito de los bienes provenientes de los delitos cometidos por una asociación criminal de carácter transnacional con actuación estable, soporte estructural, división de roles, y con capacidad para articular acciones tendientes a sostener el desarrollo de la actividad ilícita en el tiempo.
Explican que dicha asociación tuvo como finalidad principal el tráfico ilícito de estupefacientes, especialmente el contrabando desde la Argentina hacia el Reino de España, el contrabando de divisas desde Europa al territorio nacional y el manejo de los fondos producidos en pos de mantener vigente la estructura delictiva, hechos que, manifiestan, forman parte de la causa n° 1814/17 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 2.
Aducen que el producido de estos delitos se materializó en los bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo cuyo dominio pretenden extinguir, incorporados al patrimonio de los demandados con posterioridad a la fecha de la comisión de los delitos investigados en tanto no se corresponden razonablemente con sus ingresos o representan un incremento patrimonial injustificado.
Afirman que las personas aquí demandadas ostentan la posesión, tenencia o titularidad de los mencionados bienes en los términos del art. 4 del DNU n° 62/19, algunos de los cuales se encuentran procesados en el marco de la causa n° 1814/17.
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