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LEY 19945 (T.O. por Decreto 2135/1983)

CÓDIGO ELECTORAL

Régimen. Texto ordenado por Decreto 2135/1983

T.O. Decreto 2135/1983 del 18/08/1983; publ. 06/09/1983; Ley 19945 sanc. 14/11/1972; promul. 14/11/1972; publ. 19/12/1972

CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL

TÍTULO I:

DEL CUERPO ELECTORAL

CAPÍTULO I:

DE LA CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES DEL ELECTOR

Art. 1.– Electores. Son electores nacionales los ciudadanos de ambos sexos nativos, por opción y naturalizados, desde los dieciocho años cumplidos de edad, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta ley.

Art. 2.– Prueba de esa condición. La calidad de elector se prueba, a los fines del sufragio exclusivamente por su inclusión en el registro electoral.

Art. 3.– Quiénes están excluidos. Están excluidos del padrón electoral:

a) Los dementes declarados tales en juicio y aquellos que, aun cuando no lo hubieran sido, se encuentren recluidos en establecimientos públicos;

b) Los sordomudos que no sepan hacerse entender por escrito;

c) (Derogado por ley 24904, art. 1 ).

c) (Texto según decreto ordenador 2135/1983 ). Los soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas y los agentes, gendarmes, marineros o sus equivalentes de las Fuerzas de Seguridad de la Nación y las provincias, como así­ también los alumnos de institutos de reclutamiento de todas esas fuerzas, tanto en el orden nacional como provincial;

d) (Derogado por ley 25858, art. 3 ).

d) (Texto según decreto ordenador 2135/1983 ). Los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad;

e) Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena;

f) Los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años, en el caso de reincidencia, por seis;

g) Los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la duración de la sanción;

h) (Derogado por ley 25858, art. 3 ).

h) (Texto según decreto ordenador 2135/1983 ). Los infractores a las leyes del servicio militar, hasta que hayan cumplido con el recargo que las disposiciones vigentes establecen;

i) Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldí­a o se opere la prescripción;

j) (Derogado por ley 25858, art. 3 ).

j) (Texto según decreto ordenador 2135/1983 ). Los que registren tres sobreseimientos provisionales por delitos que merezcan pena privativa de libertad superior a tres años, por igual plazo a computar desde el último sobreseimiento;

k) (Derogado por ley 25858, art. 3 ).

k) (Texto según decreto ordenador 2135/1983 ). Los que registren tres sobreseimientos provisionales por el delito previsto en el art. 17 de la ley 12331, por cinco años a contar del último sobreseimiento.

Las inhabilitaciones de los incs. j) y k) no se harán efectivas si entre el primero y el tercer sobreseimiento hubiesen transcurrido tres y cinco años, respectivamente;

l) Los inhabilitados según disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Polí­ticos ;

m) Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos polí­ticos.

Art. 3 bis.– (Incorporado por ley 25858, art. 4 ) (*). Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos.

A tal fin la Cámara Nacional Electoral confeccionará el Registro de Electores Privados de Libertad, que contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en esos establecimientos de acuerdo con la información que deberán remitir los jueces competentes; asimismo habilitará mesas de votación en cada uno de los establecimientos de detención y designará a sus autoridades.

Los procesados que se encuentren en un distrito electoral diferente al que le corresponda podrán votar en el establecimiento en que se encuentren alojados y sus votos se adjudicarán al distrito en el que estén empadronados.

(*) El art. 5 de la ley 25858 establece: “La norma del artí­culo anterior entrará en vigencia a partir de su reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional, la que deberá dictarse en el plazo máximo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la publicación de la presente”.

Art. 4.– Forma y plazo de las inhabilitaciones. El tiempo de la inhabilitación se contará desde la fecha de la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada. La condena de ejecución condicional se computará a los efectos de la inhabilitación.

Las inhabilitaciones se determinarán en forma sumaria por el juez electoral, de oficio, por denuncia de cualquier elector o por querella fiscal. La que fuere dispuesta por sentencia será asentada una vez que se haya tomado conocimiento de la misma. Los magistrados de la causa, cuando el fallo quede firme, lo comunicarán el Registro Nacional de las Personas y juez electoral respectivo, con remisión de copia de la parte resolutiva y la individualización del nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, domicilio, número y clase de documento cí­vico, y oficina enroladora del inhabilitado.

El Registro Nacional de Reincidencia y Estadí­stica Criminal y Carcelaria evacuará los informes que le soliciten los jueces electores.

Art. 5.– La rehabilitación se decretará de oficio por el juez electoral, previa vista fiscal, siempre que la cesación de la causal inhabilitante surja de las constancias que se tuvieron al disponerla. De lo contrario sólo podrá considerarse a petición del interesado.

Art. 6.– Inmunidad del elector. Ninguna autoridad estará facultada para reducir a prisión al ciudadano elector desde veinticuatro horas antes de la elección hasta la clausura del comicio, salvo el caso de flagrante delito o cuando existiera orden emanada de juez competente. Fuera de estos supuestos no se le estorbará en el tránsito desde su domicilio hasta el lugar donde aquél se halle instalado, ni podrá ser molestado en el desempeño de sus funciones.

Art. 7.– Facilitación de la emisión del voto. Igualmente, ninguna autoridad obstaculizará la actividad de los partidos polí­ticos reconocidos en lo que concierne a la instalación y funcionamiento de locales, suministro de información a los electores y facilitación de la emisión regular del voto, siempre que no contrarí­en las disposiciones de esta ley.

Art. 8.– Electores que deben trabajar. Los que por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral, tienen derecho a obtener una licencia especial de sus empleadores con el objeto de concurrir a emitir el voto o desempeñar funciones en el comicio, sin deducción alguna del salario ni ulterior recargo de horario.

Art. 9.– Carácter del sufragio. El sufragio es individual y ninguna autoridad ni persona, corporación, partido, o agrupación polí­tica, puede obligar al elector a votar en grupos de cualquier naturaleza o denominación que sea.

Art. 10.– Amparo del elector. El elector que se considere afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio podrá solicitar amparo por sí­, o por intermedio de cualquier persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al juez electoral o al magistrado más próximo o a cualquier funcionario nacional o provincial, quienes estarán obligados a adoptar urgentemente las medidas conducentes para hacer censar el impedimento, si fuere ilegal o arbitrario.

Art. 11.– Retención indebida de documento cí­vico. El elector también puede pedir amparo al juez electoral para que le sea entregado su documento cí­vico retenido indebidamente por un tercero.

Art. 12.– Deber de votar. Todo elector tiene el debe de votar en la elección nacional que se realice en su distrito.

Quedan exentos de esa obligación:

a) Los mayores de setenta años;

b) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial;

c) Los que el dí­a de la elección se encuentren a más de quinientos kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables;

Tales ciudadanos se presentarán el dí­a de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia;

d) Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por médicos particulares;

Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el dí­a del comicio, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente;

e) El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimientoPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.

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