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DECRETO 41/1999
ÉTICA PúBLICA
Principios generales y particulares. Régimen de regalos y otros beneficios. Impedimentos funcionales. Sanciones. Régimen de las declaraciones juradas patrimoniales y financieras. Sujetos obligados. Procedimiento
del 27/01/1999; publ. 03/02/1999
Visto el decreto 152 del 14 de febrero de 1997 y su complementario el decreto 878 del 1 de setiembre de 1997, y
Considerando:
Que, desde el inicio mismo de su gestión, el Gobierno nacional ha asumido el firme compromiso de combatir la corrupción y promover las acciones tendientes a incrementar el grado de transparencia en la Administración Pública.
Que, en tal sentido, las transformaciones producidas en el marco de la Reforma del Estado no sólo desarticularon los factores estructurales que podían favorecer prácticas corruptas, sino que actuaron simultáneamente sobre la recreación de valores como la estabilidad, la equidad, la responsabilidad y la eficiencia.
Que, en consonancia con el compromiso asumido, nuestro país participó activamente en la elaboración de la Convención Interamericana contra la Corrupción, primer instrumento internacional mediante el cual los Estados de América definen objetivos y adoptan obligaciones, no sólo desde el punto de vista político sino también jurídico, en la lucha contra la corrupción.
Que la República Argentina ha ratificado, mediante la ley 24759 , la citada Convención, la que como medida preventiva recomienda el dictado de normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de la función pública.
Que en ese contexto se inscribe la creación, mediante el decreto 152/1997 , de la Oficina Nacional de Ética Pública en el ámbito de la Presidencia de la Nación, con dependencia directa del presidente de la Nación, con el primordial objetivo de adoptar las medidas necesarias para la creación de un verdadero clima ético en el seno de la Administración Pública.
Que la Oficina Nacional de Ética Pública, en cumplimiento de su competencia y recogiendo la recomendación expresada en la Convención Interamericana contra la Corrupción, ha elaborado una propuesta de Código de Ética de la Función Pública, basado en la idea rectora de que el fin de la función pública es la realización del bien común y orientado principalmente a la educación ética y a la prevención de conductas disfuncionales que pudieran facilitar la realización de actos de corrupción.
Que en el citado proyecto se establecen como principios generales que deben guiar la acción del funcionario los de probidad, prudencia, justicia, templanza, idoneidad y responsabilidad.
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