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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Error judicial. Valor de la denuncia anónima. Rechazo de la demanda
Se confirma el rechazo de la demanda de daños por error judicial, pues no hay elementos que demuestren que el trámite integral del proceso penal haya sido el fruto de decisiones incuestionablemente arbitrarias o ilegítimas sino, a todo evento, adoptadas dentro del marco resolutivo discrecional o, aún si se quiere, resoluciones simplemente desacertadas; actuaciones que, para más, fueron revisadas con arreglo a las modalidades instituidas en el Código ritual de la materia.
En la ciudad de La Plata, a veintiocho de noviembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Negri, Soria, Kogan, Pettigiani, Natiello, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.463, «Olivera, Marcelo José contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios».
ANTECEDENTES
La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó -por mayoría- la solución de primer grado que, a su turno y en el marco de un proceso de daños y perjuicios incoado por el señor Marcelo José Olivera contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, desestimara la pretensión incoada al no encontrar reunidos los presupuestos necesarios para su admisión (v. fs. 696/703 vta. y fs. 742/767 vta.).
Se interpuso, por el demandante vencido, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 771/777 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
CUESTIÓN
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El señor Marcelo José Olivera demandó a la Provincia de Buenos Aires con motivo de la privación de su libertad que soportara entre los días 6 de octubre de 2009 y 15 de junio de 2011. En consecuencia, reclamó una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la irregular prestación del servicio jurisdiccional (v. fs. 11/25).
Adujo que el día 6 de octubre de 2009 se dispuso la prisión preventiva en su contra, a raíz de los delitos de tenencia simple de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de uso civil en concurso real previamentePara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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