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JURISPRUDENCIADelitos. Reducción a la servidumbre. Talleres clandestinos textiles. Inmigrantes ilegales. Sobreseimiento
Corresponde revocar los sobreseimientos dictados a favor de los imputados por el delito de reducción a la servidumbre (art. 140, CP), ambos en sus roles de organizadores de talleres clandestinos textiles que ocupaban inmigrantes ilegales, pues el decisorio impugnado posee una fundamentación aparente, ya que omitió la valoración de elementos relevantes para la solución del conflicto.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 (siete) días del mes de julio del año dos mil quince, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación de fs. 2233/2237 vta., caratulada: «O. C., O. y otros s/recurso de casación» de la que RESULTA:
I. Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, mediante la sentencia del 11 de febrero de 2014 (fs. 1320/1321 vta.), resolvió confirmar la resolución obrante a fs. 1283/1288, en cuanto dispuso los sobreseimientos de O. O. C., E. M. C. C., H. O., J. V. O. C., P. A., V. R. P. C. y M. L. (art. 336, inc. 2º, del C.P.P.N.).
II. Que contra dicha sentencia, la doctora Eugenia Anzorreguy de Silva, en su carácter de Fiscal General Adjunta ante la citada Cámara (en adelante, «C.N.A.C.C.F.»), interpuso recurso de casación (fs. 2233/2237 vta.), el cual fue concedido por el «a quo» (fs. 2241/vta.) y mantenido en esta instancia por el Fiscal General ante esta Cámara (en adelante, «C.F.C.P.»), doctor Raúl Omar Pleé (fs. 2284 y 2286).
III. Que el Ministerio Público Fiscal encauzó su recurso, con invocación de los dos supuestos previstos en el art. 456 del C.P.P.N.
La impugnante centró su crítica en dos ejes argumentales. Por un lado, adujo que la resolución recurrida viola los principios contenidos en los arts. 123 y 404, inc. 2º, del C.P.P.N., en cuanto exigen que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con relación a las circunstancias comprobadas de la causa, violando así la garantía de la defensa en juicio, que también ampara al Ministerio Público (art. 120 de la C.N.). Acotó que dicha circunstancia configuraPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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