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JURISPRUDENCIAProtección de datos personales. Solvencia económica financiera
En el marco de un juicio por daños y perjuicios, se rechaza la demanda interpuesta por una persona contra un Banco por haber mantenido datos adversos relativos a su solvencia económica financiera más allá del límite indicado por la ley de Protección de los Datos Personales.
Santiago del Estero, 14 de abril de 2015.
El Dr. Argibay dijo:
Vistos: Para resolver el Recurso de Casación interpuesto por la parte actora a fs. 328/337 de las presentes actuaciones.
Considerando: I) Que la accionante interpone el presente recurso contra la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de fecha 28/09/2012 (fs. 323/327), que rechaza el recurso de apelación; y en consecuencia, confirma la sentencia de Primera Instancia de fecha 14/07/2011 (fs. 288/294) que resuelve no hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios, con costas al actor vencido.
II) Que para resolver de ese modo la Cámara señaló, en primer término, que la configuración de la responsabilidad civil requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: antijuricidad, daño, relación de causalidad e imputabilidad.
En este orden, el a quo se enfocó en analizar la antijuricidad de la conducta imputada al Banco Francés, a fin de determinar si ésta era violatoria o no de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, específicamente del art. 26 inc. 4 (reglamentado por el Decreto Nº 1558/01) relativo a la prestación de servicios de información crediticia.
Al respecto, señaló que la intención del legislador al sancionar esta ley -según criterio de la Corte Suprema de la Nación- fue consagrar el derecho del afectado a exigir que -transcurrido cierto tiempo- los datos significativos para evaluar su solvencia económica financiera no sean mantenidos en las bases de datos ni difundidos; y por otro lado, evitar que el mantenimiento de la información adversa durante un largo lapso implique una suerte de inhabilitación del deudor y la consiguiente imposibilidad de reingresar al círculo comercial.
Sostuvo que la cuestión central radica en dilucidar desde cuando se computa el plazo de cinco años indicado en el art. 26 inc. 4, a los fines del archivo, registración, o cesiónPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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