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JURISPRUDENCIAServicio Penitenciario Federal. Miembros de las fuerzas de seguridad. Actos de servicio. Acción de daños y perjuicios. Accidente de trabajo
Se revoca la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por un miembro de las fuerzas del Servicio Penitenciario Federal contra el Estado Nacional, al considerarse que no se trató de un hecho puntual que implicó un enfrentamiento armado, en los términos de la doctrina que emana de los precedentes de la Corte «Azzetti» y «Leston», sino más bien de un cúmulo de situaciones vinculadas a su labor cotidiana que fueron deteriorando su salud psíquica, hasta determinar que la propia fuerza dispusiera pasarlo a disponibilidad.
En Buenos Aires, a los 18 días del mes de octubre de 2018, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Eduardo Daniel Gottardi dice:
I.- El ayudante de 4ta Leandro Martín Garrido -perteneciente al plantel del personal subalterno del Servicio Penitenciario Federal, promovió la demanda de autos contra el Estado Nacional; Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; Servicio Penitenciario Federal y La Segunda A.R.T. por los daños y perjuicios que describe en el escrito de fs.5/26vta.
Relata, que el 16 de noviembre del año 2003 fue herido mientras colaboraba con personal policial en la represión de delincuentes.
El 5 de enero de 2004 al estar en un grupo que realizaba una requisa en el Hospital Penitenciario, los internos lo pincharon con agujas hipodérmicas que lo obligaron a someterse a tratamientos, controles estrictos y estudios frecuentes para prevenir el HIV y la Hepatitis «C».
Posteriormente fue tomado como rehén por los reclusos amotinados que intentaron cortarle los pies. El 31 de diciembre del año 2004 se vio obligado a repeler un asalto que le costó la vida a un familiar y fue herido de bala en ese enfrentamiento. Esto determinó que el 6 de junio del año 2007 su pase a retiro obligatorio a partir del 27 de marzo de 2007 por resolución de la Jefa de la División de Asuntos Administrativos Dra. Susana Sanchez de Tapia (fs. 93 y sgtes. expte 59726/2005 en sobre aparte).
Notificada su disponibilidad el 15 de agosto de 2007 inició un procedimiento administrativo ante la ART que generó el expediente 10 E-L-00156/09 donde la Comisión Médica Jurisdiccional se expidió sobre el carácter inculpable de los trastornos que lo aquejaban (fs. 440/442 y 449)
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