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JURISPRUDENCIAPetición administrativa. Retiro de imágenes religiosas. Dependencias estatales. Edificios del Poder Judicial. Libertad de culto
Se rechaza la petición administrativa interpuesta a los fines de que se proceda al retiro de toda imagen religiosa exhibida en las instalaciones de los edificios del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa, con fundamento en que nuestro diseño constitucional no prohíbe ni elimina la presencia del factor religioso en la sociedad, y no se encuentran afectados los derechos y principios fundamentales como la libertad religiosa, la igualdad y la imparcialidad en el ejercicio de la Magistratura.
Visto: El presente Expediente N° 25.146/13, caratulado: «Presidencia del STJ s/Presentación de la Asociación por los Derechos Civiles – ADC y Otro»; y
Considerando: I.- Que mediante presentaciones administrativas de fs. 1/5, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Pensamiento Penal (APP) solicitan el retiro de toda imagen religiosa exhibida en las salas de audiencias y espacios públicos de los edificios del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa.
Fundamentan su petición en los artículos 2 y 16 de la Constitución Nacional; el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP); el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESyC), así como también en jurisprudencia nacional y supranacional.
Informan que la presentación se enmarca dentro de la «Campaña Nacional a favor de la Neutralidad Religiosa del Poder Judicial» que busca promover los principios de laicidad estatal e imparcialidad en el ejercicio de la magistratura y el derecho de todas las personas a ser tratadas igualitariamente sin ningún tipo de discriminación por motivos religiosos y que la misma ha sido replicada en todos los Superiores Tribunales provinciales y en los Tribunales Orales nacionales (fs. 5).
Específicamente, entienden que la exhibición de imágenes religiosas en las salas de audiencia y en los espacios públicos del Poder Judicial se contrapone con el principio de neutralidad religiosa del Estado argentino, así como del derecho de todos los habitantes de ser tratados igualitariamente sin ningún tipo de discriminación religiosa (artículos 2 y 16 de la Constitución Nacional, 1.1 de la CADH y 2.1 del PIDCyP).
Consideran que la obligación de tratamiento igualitario, que prohíbe cualquier tipo de toma de posición estatal a favor de un credo determinado, es particularmente imperativa en el ejercicio de la magistratura, puesto que se encuentra sometido al mandato de ejercer sus funciones de manera «imparcial» (artículo 18 de la Constitución Nacional, artículos 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCyP).
Finalmente, aclaran que no correspondería excluir de esta petición a los símbolos pertenecientes a la religión católica sobre la base del artículoPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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