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DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021
JURISPRUDENCIATasa de seguridad e higiene. Determinación de la deuda
Se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado en cuanto rechazó la demanda promovida debiendo el municipio demandado emitir un nuevo acto en el que se determine el monto del tributo por la Tasa de Inspección e Higiene.
En la ciudad de General San Martín, a los 22_ días del mes de septiembre de 2.016, se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Ana María Bezzi, Jorge Augusto Saulquin y Hugo Jorge Echarri, para dictar sentencia en la causa nº LM-5159-2016, caratulada «BBVA BANCO FRANCES S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA S/ PRETENSION ANULATORIA». Se deja constancia de que el Señor Juez Hugo Jorge Echarri no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.
ANTECEDENTES
I.- A fs. 301/312, el Sr. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de La Matanza dictó sentencia resolviendo lo siguiente: «…FALLO: 1ero.-) Rechazando la demanda interpuesta por BBVA Banco Francés S.A. contra la Municipalidad de La Matanza. (Art 149,25 y cc del Ordenanza Fiscal, art 53 Resolución N°01/05, 35 de la Conv. Multilateral, art, 5, 18 Cons Nac. ).- 2do.-) Imponiendo las costas a la actora en su condición de vencida (Art. 51 inc. 1° del C.C.A.).- 3ero.-) Difiriendo la regulación de honorarios hasta quedar firme la presente (Art. 51 Dec. Ley 8.904/77)…».
II.- A fs. 315/318 vta., la letrada apoderada de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos, con expresión de fundamentos.
III.- Por medio de la providencia de fs. 319, el magistrado de grado corrió traslado del recurso de apelación a la contraria por el término de 10 (diez) días.
IV.- A fs. 324/329 vta., la mandataria de la parte demandada evacuó el traslado antes indicado.
V.- A fs. 330, el Sr. Juez a quo ordenó que se elevaran los presentes actuados a esta Alzada, los que fueron recibidos a fs. 330 vta. y a fs. 331 se dispuso que pasaran a resolver.
VI.- A fs. 332/332 vta. se efectuó el pertinente examen -formal- de admisibilidad, resolviendo conceder -con efecto suspensivo- el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva dictada en la causa y, toda vez que no se habían articulado diligencia procesal alguna, llamarse los autos para sentencia.
VII.- A fs. 335/335 vta., se dispuso -como medida para mejor proveer- requerir a la Municipalidad de La Matanza la remisión de la Ordenanza Fiscal Municipal nº 10.838/00, su similar con vigencia para el año fiscal 2.002 y la Ordenanza Fiscal Municipal nº 13.766/04, junto con sus decretos reglamentarios y toda normativa relacionada con la cuestión debatida. Asimismo, se suspendió el llamado de autos para sentencia.
VIII.- A fs. 350, en razón de haberse recibido la documentación solicitada (cfr. constancias de fs. 344/348) y al encontrarse cumplida la medida para mejor proveer dispuesta, se resolvió reanudar el llamado de autos para sentencia, resolución que se encuentra firme según se desprende de las cédulas de notificación que obran glosadas a fs. 351/351 vta. y 352/352 vta.
IX.- Bajo tales condiciones, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a decidir:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión planteada, la Señora Jueza Ana María Bezzi dijo:
1°) Cabe precisar que, para resolver en el modo señalado en los antecedentes, el Sr. Juez a quo tuvo en consideración -sustancialmente- las siguientes cuestiones:
a) Señaló, en primer lugar, que constituía uno de los efectos principales del firme llamado de «autos para sentencia», el conocimiento que las partes tenían respecto de las actuaciones realizadas en el proceso hasta esa ocasión y de ese modo quedaba cerrado todo debate, purgado todo vicio procedimental existente con antelación, no atacado en tiempo y forma por imperio del principio de preclusión (arg. arts. 482 y 170 del C.P.C.C. y su doctrina, aplicables al sub-lite por imperio de lo normado por el art. 77 inc. 1° del C.C.A.).
b) Precisó, sentado ello, que lo que pretendía la aquí actora era la impugnación de la Resolución n° 55/06, de fecha 25 de abril de 2.006, dictada por la Directora de Fiscalización de la Municipalidad de La Matanza, conforme surgía de los argumentos expuestos en el escrito de demanda, por considerar que dicho pronunciamiento era ilegítimo y carecía de motivación.
Explicó que la accionante sostenía, respecto de la partida n° 23.804 del periodo 12/01, que la deuda allí establecida había sido determinada y consentida y que el municipio, al dictar la resolución impugnada, había ignorado el efecto extintivo de la deuda previamente determinada y abonada, estableciendo una deuda sustancialmente mayor. Agregó, en relación a las partidas n° 40.642, 123.818, 166.241 y 63.405, que era improcedente el ajuste efectuado por el municipio accionado en la mentada resolución porPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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