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JURISPRUDENCIATribunal de cuentas. Contratación pública irregular
Se confirma la sentencia que rechazó la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción deducida, por entender que conforme lo considerado en las resoluciones emitidas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, se había originado un daño patrimonial al erario público como consecuencia de una contratación irregular llevada adelante por el recurrente -entonces Ministro de Producción- en contravención con las disposiciones legales vigentes.
En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los seis días del mes de junio del dos mil diecinueve, los Señores miembros de la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Pablo Baca, Sergio Ricardo González y Clara Aurora De Langhe de Falcone, bajo la presidencia del primero, vieron el Expte. Nº CA-14.404/2018 caratulado «Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nº C-092.646/2017 (Tribunal Contencioso Administrativo –Sala II– Vocalía 3) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Romarovsky Gabriel Esteban Boris c/ Estado Provincial».
El Dr. Baca dijo:
1º) Que la Sala II del Tribunal Contencioso Administrativo, en fecha 28 de noviembre de 2017, resolvió rechazar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción deducida por Gabriel Esteban Boris Romarovsky en contra del Estado Provincial. Impuso las costas al actor vencido y reguló honorarios profesionales.
2º) Que para decidirlo así, expresó que, conforme lo considerado en las resoluciones emitidas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, se había originado un daño patrimonial al erario público como consecuencia de una contratación irregular llevada adelante por el recurrente -entonces Ministro de Producción- en contravención con las disposiciones legales vigentes.
Dijo que conforme lo señalado por el Sr. Vocal contable en su voto de fojas 184, el primer prototipo de las cosechadoras que fuera objeto de la contratación nunca fue incorporado formalmente a la contabilidad patrimonial del Estado y el segundo prototipo directamente no fue entregado por supuestas complicaciones financieras de la UTE originadas en incrementos en los costos de materiales y mano de obra, que no se encontraban acreditados y que tampoco podían ser oponibles al Estado Provincial dado que tal posibilidad no había sido contemplada en los contratos.
Agregó que ni siquiera el primer prototipo fue entregado al Ministerio de Producción, dado que su recepción fue meramente provisoria (cfr. constancias de fs. 47/48 de los autos principales) quedando la cosechadora «bajo la custodia y responsabilidad de la UTE hasta tanto se realicen las pruebas de campo y recepción definitiva», comprobaciones que –afirmó- no surge que se hubieren realizado, con lo que no podía considerarse que la máquina se haya encontradoPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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