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DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021
JURISPRUDENCIAUsucapión administrativa. Nulidad de acto administrativo. Actos posesorios
Se confirma la sentencia que anuló el acto que había declarado la usucapión administrativa del inmueble en cuestión, pues no se dio la posesión veinteañal requerida legalmente, lo que no fue refutado con suficiencia por el Municipio, quien sólo refiere que se parquizó el predio, se protegió de posibles intrusiones se colocó luminaria, se niveló y se conservaron tres especies de árboles existentes.
En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a los 2 días del mes de MAYO de 2017, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, integrada por los Dres. Marcelo José Schreginger, Cristina Yolanda Valdez y Damián Nicolás Cebey, se reúne en Acuerdo Ordinario para dictar sentencia definitiva en los autos «TOMEI ANA MARIA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE ZARATE S/ PRETENSION ANULATORIA – PREVISION», en trámite bajo el n° 2392-2017.
Según el sorteo efectuado se estableció el siguiente orden de votación: Dres. Marcelo José Schreginger, Cristina Yolanda Valdez y Damián Nicolás Cebey.
ANTECEDENTES
I) DEMANDA: Se inician las presentes actuaciones con la demanda iniciada por Ana Mara Tomei y Cepernich, Julián Guelvenzú y Pablo Nocetti (vendedora y compradores respectivamente del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección R, Parcela 32 del Partido de Zárate) planteando se decrete la nulidad de las actuaciones administrativas obrantes en el expdte. n° 4121-2755/2009, incluyendo el Decreto n° 86 del 05/01/2010 dictado en tales actuados, emanados del Intendente Municipal de Zárate Osvaldo Caffaro y sus funcionarios con la jerarquía de Secretarios de Gobierno.
Sostienen que los propietarios jamás abandonaron ni cedieron la posesión y que el Municipio nunca ejerció acto posesorio alguno y aducen que -en el mes de agosto de 2010- la propiedad fue vendida a Julián Guelvenzú y Germán Guelvenzú, y luego el segundo lo vendió a Pablo Nocetti, abonando los compradores el cincuenta por ciento (50%) del precio y obligándose a abonar el saldo al momento de la escrituración.
Señalan que dicho mismo día, los compradores tomaron posesión del inmueble y comenzaron las tareas de deslinde y amojonamiento, depositando en el predio diversos elementos de su propiedad y que -al día siguiente- fueron desalojados mediante el uso de la fuerza pública por personal municipal y policial, confiscando sus bienes, agregando que (en ese momento) tomaron conocimiento del Decreto n° 86 de fecha 05/02/2010, mediante el cual las autoridades municipales los habían despojado de su propiedad.
A continuación reseñan una serie de vicios en el procedimiento administrativo que diera origen al Decreto aquí impugnado, en tanto no existen los informes que prescribe la Ley n° 21.477, ni se especifica el origen de la posesión por parte del Municipio, ni el destino o afectación que supuestamente tuvo el inmueble, entre otras cuestiones.
Aluden, asimismo, que no se configura el presupuesto imprescindible de la posesión «animusPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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