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JURISPRUDENCIAActo administrativo. Nulidad. Empleado público. Cesantía. Garantías constitucionales. Exclusión de prueba
Se revoca el pronunciamiento de grado, quedando sin efecto la nulidad declarada respecto del acto administrativo por el que se disponía la cesantía de un empleado público, justificada en un sumario instruido en base a filmaciones y grabaciones obtenidas subrepticiamente.
En la ciudad de La Plata, a los veintisiete días del mes de Agosto del año dos mil quince, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa «FARIAS PABLO OSCAR C/ PODER JUDICIAL S/PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD – EMPL.PUBLICO», en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial La Plata (expte. Nº -26900-), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Claudia Angélica Matilde Milanta, Gustavo Juan De Santis y Gustavo Daniel Spacarotel.
El Tribunal resolvió plantear la siguiente
1. Contra la sentencia de primera instancia estimatoria de la pretensión del actor (fs. 434/446), se alza la demandada e interpone recurso de apelación (fs. 450/458 vta).
2. Sustanciado el recurso (traslado de fs. 459 y escritos de fs. 460, 463 y 465), elevada la causa al tribunal, declarada la admisibilidad de la impugnación (cfr. res. de esta Cámara de fs. 468/468 vta.) y dictada la providencia de autos, corresponde plantear y votar la siguiente
CUESTIÓN
¿Es fundado el recurso de apelación deducido? En consecuencia: ¿Qué decisión procede adoptar? ¿Bajo qué pronunciamiento?
VOTACIÓN:
A la cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:
I- 1. El a-quo dicta sentencia por la que resuelve: 1. Hacer lugar a la acción contencioso administrativa promovida por el Sr. Pablo Oscar Farías, declarando la nulidad de la Resolución Nº 3664/12 (19-12-2012) dictada por la Suprema Corte de Justicia en el Expediente Administrativo P.G. Nº 039/11; 2. Ordenar a la demandada a que dentro del plazo de 60 días (art. 163, CPBA) restituya al actor en el cargo que detentaba (Prosecretario de la Suprema Corte de Justicia) y en el puesto de trabajo donde prestaba funciones u otro jerárquicamente análogo, debiendo -dentro del mismo plazo- restituir los haberes dejados de percibir, con más los intereses que dispone liquidar; 3. Imponer las costas a la demandada vencida, postergando la regulación de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 51 del decreto ley 8904.
Para así decidir, luego de reseñar los antecedentes de la contienda, afirma que la cuestión central se dirige a establecer la legitimidad de la sanción impugnada.
En ese sentido, tras destacar varios aspectos del debido proceso en el sumario administrativo, advierte la existencia de una serie de irregularidades que se produjeron en el curso del procedimiento, que afectaron gravemente el derecho de defensa del imputado y que, por su entidad, se encarga de examinar. En particular, destaca: la incorporación como único elemento probatorio de cargo, de grabaciones de audio y video, el que fue valorado con inusitada entidad, para erigirse en el excluyente elemento de juicio que sustenta la resolución en crisis, sin que haya sido obtenido con autorización de juez competente; la ausencia de dictamen jurídico previo y la falta de motivación suficiente acerca de la aplicación de la medida másPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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