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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Despido. Competencia. Empleado público. AFSCA. Despido discriminatorio. Reinstalación. Medida cautelar
Se declara la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo y se hace lugar a la medida cautelar interpuesta por los actores, ordenándose la reinstalación en sus puestos de trabajo a los empleados públicos que se desempeñaran en el AFSCA, en virtud de la existencia de indicios que indicarían que sus despidos se habrían producido por la ideología política de los trabajadores.
Buenos Aires, 29 de enero de 2016.-
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:
La Dra. Diana Cañal dijo:
Contra el pronunciamiento de 65/66, que de conformidad con el dictamen Fiscal declaró la incompetencia del Fuero para seguir entendiendo en las presentes actuaciones, en relación con la cuestión de fondo y desestimó la medida cautelar solicitada para la cual sí se declara competente, se alza la parte actora a fs. 62/72.
En el escrito de inicio, surge que los actores se desempeñaban en el organismo demandado y que fueron contratados conforme art. 9 de la ley 25.164, con contrato vigente hasta el 31-12-16.- Sostienen que luego de ocurridos los acontecimientos de conocimiento público que detallan a fs. 16/17, fueron notificados con fecha 7-1-16 «notificale que se rescinde a partir del 5 de febrero de 2016, el contrato de prestación de servicios por tiempo determinado y en carácter transitorio celebrado con este organismo en el marco de lo dispuesto en el art. 9 de la ley 26164, reglamentada por Decreto Nª 1421/02 por aplicación de lo determinado en el art. 6 in fine del Dto. Nº 254/2015».-
Asimismo, la parte actora sostuvo que el interventor dejó sin funciones a 42 trabajadores, sin contar a los 36 funcionarios que estaban en la misma condición. De ellos, la totalidad tenía consignado en sus recibos de sueldo un ítem de descuento que dice «aporte partidario». Y refirió del listado de los despedidos surge que todos absolutamente todos tenían un aporte partidario superior a $ …, monto que pareciera haber sido el «corte» para determinar arbitrariamente a los despedidos.-
Luego, los accionantes señalaron que dichos aportes voluntarios se realizaban al partido Encuentro por la Democracia y la Equidad.- destacaron que si no se realizaron otros despidos más que los de los trabajadores que realizaban el aporte voluntario, si el interventor jamás tomo contacto con ellos, si no tuvieron llamados de atención previo y lo único que tenían en común era el aporte partidario mayor a $ … mensuales el motivo del despido fue por discriminación por persecución política ideológica.- En razón de lo expresado, peticionaron la nulidad del despido y la reinstalación con fundamento en la ley 23592 (art. 1).
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