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JURISPRUDENCIAFinanciamiento. Educación para adultos
Se hace lugar a la medida cautelar solicitada por la Asesoría Tutelar ordenando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que restablezca el funcionamiento del Programa Retención Escolar de Alumnas/os Madres/Padres y Embarazadas en Escuelas Medias y Técnicas del Ministerio de Educación, pues una reducción de tal programa resultaría prima facie ilegítima, afectando la cantidad de referentes y proyectos, así como el correspondiente seguimiento de los alumnos, poniendo en riesgo su escolaridad y la plena efectividad de sus derechos a la educación, igualdad, libertad, dignidad y autodeterminación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de octubre de 2015.
I. Vistos y Considerando:
1. A fojas 1/26 se presenta Mabel López Oliva, Asesora Tutelar en lo CAyT nº 1, e interpone acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Ministerio de Educación), a fin de que se restablezca en forma inmediata el debido y adecuado funcionamiento del Programa Retención Escolar de Alumnas/os Madres/Padres y Embarazadas en Escuelas Medias y Técnicas del Ministerio de Educación (PREAMPE) y se garantice la cantidad y calidad de referentes institucionales para acompañar a la totalidad de las alumnas madres, embarazadas y alumnos padres alcanzados por dicho programa.
Destaca que la restricción efectuada por el Ministerio de Educación del GCBA al financiamiento de los mencionados referentes a través de los módulos es una medida que resulta intempestiva, arbitraria, sin sustento normativo y pedagógico alguno y que afecta al colectivo de alumnos que forman parte del programa en tanto pone en riesgo su escolaridad y su derecho a la educación.
La amparista incoa una acción colectiva por entender que existe una pluralidad determinada de sujetos afectados que asisten a escuelas de gestión estatal (adolescentes padres y adolescentes madres o embarazadas) y un hecho único que causa una lesión al derecho a la educación (la reducción presupuestaria de los módulos institucionales), lo cual implica la disminución o ausencia de referentes institucionales, es decir, del personal encargado de trabajar para el sostenimiento de la escolaridad de los alumnos en cuestión.
Argumenta que la insuficiencia de eventuales acciones individuales para hacer cesar la conducta impugnada y la falta de incentivos en virtud de los costos de tiempo, esfuerzo y dinero que demandaría accionar individualmentePara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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