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Sumario:

• Se destaca la actitud hostil del acreedor desde el inicio del proceso concursal, oponiéndose a su tramitación y rechazando cualquier propuesta, pretendiendo sustraerse de procedimiento lí­cito.
• La ley concursal procura la intervención de todos los acreedores verificados y admisibles en el pronunciamiento del art. 36 LCQ, excluyendo del cómputo a aquellos que se presume tienen especial interés en favorecer al deudor.
• Se resalta la obligatoriedad de utilizar la perspectiva de género en el análisis de cada caso, que surge del mandato constitucional al que se obligó el Estado Argentino, adquiriendo plena efectividad sobre todo el articulado del CCivCom.
• La ley establece una doble directiva para definir cuándo es abusivo un derecho, relacionada con la í­ndole del derecho que se ejerce y la necesaria subordinación del orden jurí­dico al orden moral.
• En la tensión entre el derecho del acreedor formal a su cobro í­ntegro y el de la deudora a sanear su estado de cesación de pagos, se destaca que la deudora tiene mayor incidencia en el marco planteado, ya que el derecho al voto en el ámbito concursal no es absoluto.
• Se resalta que la conducta hostil del acreedor en el proceso concursal es irrazonable y contraria a sus propios intereses, ya que existe una sentencia desfavorable en sede civil que declaró la nulidad absoluta de su acreencia.
• La exclusión del cómputo de las mayorí­as constituye un supuesto excepcional, sea que se trate de un supuesto de voto complaciente u hostil.
• Se destaca que la hostilidad del acreedor refleja una conducta ilegí­tima ejercida en el marco de una situación de enemistad hacia la deudora, que tiene la intención de impedir la obtención de las mayorí­as necesarias para arribar al acuerdo.
• Se resalta que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la legislación nacional comprenden distintos grupos de vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres, quienes cuentan con una presunción legal iuris et de iure sobre aquella calidad.

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