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JURISPRUDENCIAAsociación ilícita. Lavado de dinero. Excarcelación. Rechazo ante los intentos de obstruir el curso de las investigaciones judiciales
Se mantiene el rechazo de la excarcelación solicitada por la defensa del contador involucrado en una causa por asociación ilícita y lavado de activos de origen ilícito, pues ha desplegado un certero accionar tendiente a que el cobro de los alquileres de los bienes que integran el condominio conformado por Máximo y Florencia Kirchner sean derivados a una esfera extraña, ajena al ámbito de estas actuaciones, burlando la medida cautelar dispuesta por el juez; ello con el único fin de evitar que esas rentas -que podrían resultar en principio los instrumentos para llevar a cabo el delito imputado- sean alcanzadas por la acción jurisdiccional.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2017.
Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
El Dr. Jorge L. Ballestero dijo:
I. Llega la presente incidencia a conocimiento de este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Carlos Alberto Beraldi (fs. 14/20), contra la resolución dictada por el Juez Claudio Bonadío el día 18 de julio del año en curso (fs. 6/10), que dispuso rechazar el planteo de excarcelación formulado en favor de Víctor Alejandro Manzanares.
II. Resolución impugnada.
En primer lugar, el Juez de grado tuvo en cuenta al momento de denegar la excarcelación al imputado la escala penal prevista para el concurso de delitos cuya comisión prima facie se le adjudica.Valoró, como primer obstáculo para la concesión de la excarcelación, que el mínimo y el máximo de la pena en abstracto superaban los parámetros fijados en el art. 26 del CP y 316 del CPPN, respectivamente.
Es importante recordar, en ese sentido, que el día 3 de abril de 2017 fue dictado su procesamiento como autor penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de organizador, en concurso real con el delito de lavado de activos de orígen ilícito agravado por su habitualidad y por formar parte de una asociación (arts. 45, 55, 210 segundo párrafo y 303 inc. 1 y 2 a. del CP). Las apelaciones contra la mentada resolución se encuentran actualmente a revisión de esta Sala.
Luego, el a quo se concentró en la evaluación de la existencia de riesgo procesal (art. 319 del CP). En lo medular, sostuvo que si bien al dictar el procesamiento de Manzanares no había advertido ninguna razón objetiva que justificara la imposición del encierro preventivo como medida accesoria, la situación había variado frente a la verificación de un comportamiento que revelaría la intención del imputado de obstaculizar la investigación en curso. Ese mismo motivo era el que había considerado recientemente al ordenar en el expediente la detención de Manzanares (ver fs. 4795/6 del legajo principal).
Para contextualizar el caso, recordó que la decisión de intervenir las administraciones de Los Sauces S.A. y de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner, respondió a la comprobación de distintas transacciones entre ambas, como también entre la primera y algunas empresas de los grupos «Báez», «Indalo» y «Sanfelice», que podrían serPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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