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JURISPRUDENCIATransporte de estupefacientes. Tentativa. Prevención policial
Se condena a los encartados -con diferentes grados de participación- en orden al delito de transporte de estupefacientes con destino ilegítimo, agravado por la intervención de tres personas actuando en forma organizada, en grado de tentativa, al haberse requisado -fruto de investigaciones previas- en un control policial un camión que transportaba dicha sustancia.
En Formosa, a los treinta (30) días de julio de 2019, dicto la sentencia correspondiente a la causa caratulada «Martínez, Christian Ariel y otros s/Infracción a la Ley 23.737 (artículos 5 -inciso c)- y 11 -inciso c)», expediente FRE 3208/2018/TO1.
La causa se siguió a los ciudadanos argentinos Christian Ariel Martínez, DNI N° ., instruido, soltero, nacido el 15 de noviembre de 1974, de 44 años de edad, de ocupación chofer, hijo de Virgilio Julio Martínez y de Angélica Graciela Favotti, con domicilio en Juan Cabral y San Martin s/n Barrio «San Isidro» de Laguna Blanca, tiene un hijo de dos años de edad a su cargo, quien ahora está con su madre quien vive en Entre Ríos; Blas Marcial Achucarro, DNI Nº ., nacido el 30 de junio de 1991, de 27 años de edad al momento de comisión del hecho, con domicilio en Colonia «Santa Rosa» Misión Tacaaglé, con estudios secundarios completos, de ocupación agricultor, hijo de Lucio Andrés Achucarro y de Teodolina Genes y Hugo Venancio Beterette, DNI Nº ., nacido el 29 de enero de 1988, con 30 años de edad al tiempo de comisión del hecho, con estudios secundarios incompletos, trabajaba como changarín en Pampa del Indio (Provincia del Chaco), de estado civil divorciado, con dos hijos de 5 y 13 años de edad a su cargo, hijo de María Ángela Beterette, con domicilio en la Avenida 9 de Julio y Laprida s/n de la Localidad de Laguna Blanca.
En el caso, la jurisdicción del tribunal quedó habilitada con la declaración de admisibilidad del acuerdo de juicio abreviado, formalizado en la pieza procesal agregada a fs. 777/779, celebrado entre el Sr. Fiscal General Dr. Luis Roberto Benítez y los acusados Martínez, asistido por su letrada de confianza Dra. Sonia Miriam Salazar, Achucarro, asistido por su defensor Dr. Víctor Medina y Beterette, con la asistencia de su abogada de confianza Dra. Herminda Haydé Ciarreta. Se celebró la audiencia prevista por el artículo 431 bis -inciso 3º- del Código Procesal Penal, de la que se dejó constancia en el acta de fs. 786/788, en la que los procesados fueron informados detalladamente de las eventuales consecuencias jurídicas del acuerdo celebrado, ratificando su voluntaria celebración y conformidad. En esta etapa del proceso, el Tribunal contó con la asistencia actuarial de la Sra. Secretaria Dra. Leila Teresita Iza.
Encontrándose la causa en estado de ser fallada, se analizaron y resolvieron las siguientes cuestiones:
Primera cuestión: Materialidad de hecho sometido a juzgamiento y participación que les cupo a cada uno de los acusados.
La actividad investigativa previa.
1. La causa sometida a nuestro conocimiento y decisión, se inició con la remisión al Sr. Fiscal Federal Nº 1 del informe del Centro de Reunión de Información – Formosa, de Gendarmería Nacional, individualizado como «QT 8-0032/01» y agregado a fs. 1.
Allí se comunicaba que el personal técnico de la Unidad, a través de diversas fuentes confiables, colectó información sobre el posible accionar delictivo de un grupo de personas oriundas de la zona oeste de nuestra Provincia, quienes estarían realizando actividades en infracción a la ley 23.737. La organización estaría integrada por Juan (a) «Checho», quien residiría en la localidad de El Espinillo y por Hugo (a) «El Gringo», quien estaría radicado en la localidad de General Belgrano.
Ellos serían los encargados de pactar la adquisición de mercaderías en infracción a la Ley 23.737, con su proveedor que residiría en la colonia de Fortín General Bruguez, situada en el Departamento Presidente Hayes de la República del Paraguay, previas coordinaciones realizadas con los compradores de la mercadería ilegal oriundos de las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Los sospechosos actuarían en la localidad de General Belgrano y zonas aledañas.
A fin de profundizar la investigación, se solicitó autorización judicial para realizar filmaciones y captar tomas fotográficas «tareas que serán llevadas a cabo preservando en todo momento los derechos civiles y garantías consagradas en la Constitución Nacional, relativos a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad civil y a la privacidad».
2. Enterado de la información, el Sr. Fiscal Federal Nº 1 dictó el Auto Interlocutorio Nº 57/18, obrante a fs. 3/4, describiendo lo comunicado, afirmando -con cita de Jauchen- que la utilización de los medios técnicos solicitados no violaría el derecho a la intimidad, porque en la investigación se hallaban comprometidos el orden público y la seguridad jurídica. No obstante lo afirmado, solicitó al Sr. Juez federal que dispusiera la colección de elementos probatorios fílmicos y fotográficos por parte de la agencia que llevaba a cabo la investigación.
3. El Sr. Juez Federal -en virtud del Auto Interlocutorio Nº 198/18 incorporado a fs. 5/6- autorizó a la agencia peticionante a la extracción de tomas fotográficas y filmaciones a fin de registrar las actividades de los investigados, recomendando guardar el debido respeto de los derechos civiles y garantías consagrados en la Constitución Nacional -artículos 14, 17 y 19- «relativos a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad civil y a la privacidad».
4. Mediante la comunicación «QT 8-0032/02» del Centro de Reunión de Información – Formosa, se informó que «HUGO» (a) «GRINGO», se trataría del ciudadano Víctor Hugo Reyes, de nacionalidad paraguaya, Cedula de Identidad Paraguaya Nº ., nacido el 10 de marzo 1976, quien trabaja como jornalero. Se encontraría en concubinato con la ciudadana Selva Margarita Benítez Morel, de nacionalidad paraguaya, Cédula de Identidad Paraguaya Nº 3.320.792.
Ambos vivían en el Barrio San Miguel, en la intersección de las calles Catamarca y Paraguay, de la localidad de General Manuel Belgrano, donde se observó el emplazamiento de una construcción precaria que consta de palmas y a su vez contiguo a la edificación descripta existe una vivienda de construcción de mampostería, sin revocar. Los dos habrían estado «involucrados» en infracciones a la Ley 23.737,Para continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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