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JURISPRUDENCIADenuncia. Requerimiento fiscal de instrucción. Desalojo por acto administrativo. Estado municipal. Tierras de dominio público
Se rechaza el recurso de casación interpuesto contra la decisión confirmatoria del rechazo del requerimiento fiscal de instrucción en el entendimiento de que, al estimar que el terreno en cuestión conformaba un bien de dominio público municipal, la Administración hizo uso del privilegio excepcional de proceder directamente y por sí misma -es decir, sin necesidad de recurrir a la vía judicial-, por autotutela, en virtud de la ejecutoriedad que caracteriza a los actos administrativos.
ACUERDO
En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 28 días del mes de febrero de 2018, se reúnen en Acuerdo ordinario los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Jueces Javier Darío Muchnik y María del Carmen Battaini para dictar pronunciamiento en el recurso interpuesto en los autos caratulados «GUALDESI, Sergio Atilio s/ Dcia.», expte. nº 1476/2010 STJ-SR. El Juez Carlos Gonzalo Sagastume no interviene en el presente Acuerdo por encontrarse en uso de licencia.
ANTECEDENTES
1.- A fs. 511/516, la Sala Penal de La Cámara de Apelaciones de la Provincia, confirmó el auto del juez instructor que resolvió rechazar el requerimiento fiscal de instrucción.
2.- La parte querellante interpuso recurso de casación a fs. 519/525.
Cuestionó la sentencia aduciendo una interpretación errónea de la ley sustancial y su correlato con las propias constancias de la causa, al considerar que el bien despojado es del dominio público municipal. Por ello tachó de arbitrario el fallo recurrido.
Alega que se omitió ponderar el art. 51, inc. 1 de la Carta Orgánica Municipal, lo que desvirtúa cualquier intento de enmarcar el accionar de los imputados en el ejercicio de la autotutela municipal.
Sostuvo que existía una evidente contradicción entre lo aquí resuelto y un fallo en la misma materia recaído en la Sala Civil del mismo tribunal («E. G. y M. J. C. c/ Municipalidad de Ushuaia s/ interdicto de recobrar» -expte. Nº 5274/09-).
Según entendió, se imponía en el caso que el Tribunal realizara de oficio un control de constitucionalidad de las normas que aplica, puesto que el sistema implementado por el municipio vulneraría la garantía de debido proceso y el derecho de defensa.
En este sentido, citó doctrina y jurisprudencia que -a su criterio- resulta aplicable al caso.
Agregó que el predio en cuestión estaba afectado al dominio privado del Estado municipal, por imperio del decreto comunal 1054/93, análisis que habría sido omitido por el tribunal de la instancia anterior.
A fs. 528/529, el a quo declaró admisible la vía recursiva intentada.
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